Despidieron de Ecopetrol a la hija de Humberto de la Calle: el primo de su esposo también salió de la compañía estatal

Ecopetrol desvinculó a Natalia de la Calle Restrepo y Jorge Ernesto Arango Camacho como parte de la reforma de su planta ejecutiva y administrativa, aplicada durante las últimas semanas. Ambos funcionarios tenían vínculos familiares con el político Humberto de la Calle.

De la Calle dejó la gerencia general de Oleoducto de Colombia (ODC), filial de Ecopetrol, donde recibía cerca de $70.000.000 mensuales y representaba un costo anual de $1.002.000.000. Arango, que ocupaba la gerencia legal contractual de Cenit y estaba encargado de la vicepresidencia legal, tenía un salario aproximado de $37.000.000 al mes y un costo anual de $545.000.000.

De la Calle trabajaba en Ecopetrol desde 2010, cuando ingresó como abogada de la vicepresidencia jurídica. Después pasó por la Secretaría General y asumió la gerencia general de ODC. Es hija de Humberto de la Calle, exvicepresidente, negociador de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, excandidato presidencial y exsenador.

Arango es primo del esposo de Natalia y estaba vinculado a Cenit desde 2019. Ingresó como abogado senior y llegó a la gerencia en 2025. Las salidas se suman a la de Catalina Velásquez Gil, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, que dejó la gerencia jurídica de Hidrocarburos. También han salido familiares cercanos a Ariel Ávila, Iván Cepeda y Noemí Sanín.

Ecopetrol confirmó el 15 de septiembre de 2026 la salida de Julio César Herrera Martínez de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo y nombró a Graford Santamaría Valbuena como encargado desde el día siguiente, mientras una denuncia anónima puso bajo cuestionamiento negocios de crudo, combustibles y transporte marítimo que el exdirectivo rechazó.

La auditoría interna de la petrolera revisará el contenido de las acusaciones y determinará si remite el caso a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación. La decisión ocurre después de que Herrera y la compañía terminaran su relación laboral por mutuo acuerdo, sin que se informaran otras razones para el cierre del vínculo.

El relevo se produjo tras la renuncia anticipada de Juan Carlos Hurtado, que se desempeñaba como presidente encargado de la empresa. La Asamblea General de Accionistas sesionó el 15 de septiembre de 2026, pese a una tutela presentada a última hora por un sindicalista, en medio de la controversia generada por una grabación de 43 minutos.

Los nuevos nombramientos en la Junta Directiva de Ecopetrol

La Asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol aprobó el 15 de septiembre de 2026 la llegada de seis integrantes propuestos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para renovar la junta directiva durante el periodo 2026-2029. La elección se realizó mediante el sistema de cociente electoral, con una plancha que también contemplaba la continuidad de otros tres miembros.

La nueva junta deberá evaluar a los candidatos y elegir al presidente definitivo de la petrolera. La decisión se produce tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado y la designación de Camilo Barco en ese cargo, además de la salida de Hildebrando Vélez Galeano de la junta.

Los nuevos integrantes son Carlos Augusto Suárez, estratega político del presidente De la Espriella; Jorge Alberto Jaller, empresario con trayectoria en Grupo Éxito y embajador designado ante Venezuela; José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis; Ludmila del Carmen Vergara, superintendente de Transporte; Betzy Patricia Martínez, activista por los derechos de la niñez que en 2025 encabezó la lista al Senado del movimiento Con Toda por Colombia, asociada a la lista de “Oviedo”; y Claudia Margarita Lafaurie Taboada, exsubdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Continuarán en el órgano directivo Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores; Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones y presidente de la junta; y César Loza, representante de los trabajadores sindicalizados. Loza fue ratificado por un nuevo periodo de cuatro años, pese a una acción de tutela presentada por un integrante de la Unión Sindical Obrera (USO) para pedir un nuevo proceso de postulación y votación entre los trabajadores.