Rtvc disparó su contratación: pasó de 280 contratos en 2023 a más de 3.300 en 2025, según Observatorio Fiscal

La contratación de Rtvc dejó de moverse en los niveles registrados años atrás y alcanzó una escala mucho mayor en 2025. Ese cambio es uno de los principales hallazgos del primer análisis del Sistema de Alertas Públicas Optimizadas (S.A.P.O.), una herramienta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que busca detectar variaciones inusuales en el uso de recursos públicos.

Los datos revisados muestran que la entidad pasó de 280 contratos en 2023 a 3.382 en 2025, un incremento de 1.108%. El comportamiento empezó a acelerarse desde 2024, cuando se registraron 1.475 contratos. Entre enero y agosto de 2026 ya sumaba 1.556. Rtvc administra medios como Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

El Observatorio escogió a esta entidad para la primera entrega de S.A.P.O., diseñada para identificar datos atípicos y cambios que puedan requerir una revisión más detallada, sin establecer por sí misma que exista una irregularidad.

La variación también se refleja en el dinero comprometido. A precios constantes de 2026, el valor de los contratos pasó de $39.800 millones en 2022 a $332.700 millones en 2025. El aumento fue de 736%, por lo que el monto contratado se multiplicó por más de ocho durante ese periodo.

El comportamiento de los ingresos de Rtvc aparece como un dato adicional. Entre 2021 y 2025 pasaron de $389.000 millones a $521.000 millones, un crecimiento de 34%. Solo entre 2024 y 2025 aumentaron 21,1%, mientras las transferencias corrientes, principal fuente de ingresos de la entidad, crecieron 50,3% entre 2021 y 2025.

El Observatorio, sin embargo, hace una precisión: la evolución de los ingresos y el aumento de la contratación ocurrieron al mismo tiempo, pero la información analizada no permite afirmar que exista una relación causal entre ambos fenómenos. El análisis incluyó 7.150 contratos registrados entre 2022 y 2026. De ellos, 63% aparece todavía en ejecución y 29% figura como modificado. Esto significa que cerca de tres de cada diez presentan cambios frente a sus condiciones iniciales. Para el Observatorio, ese comportamiento merece seguimiento, aunque una modificación no constituye por sí sola evidencia de una irregularidad.

También llamó la atención la concentración del valor contratado. Los tres proveedores con mayores montos recibieron $84.700 millones, $67.700 millones y $60.000 millones, respectivamente. En conjunto, concentraron $212.400 millones, equivalentes al 27% de los $795.900 millones contratados durante el periodo analizado.

La distribución de los montos diarios muestra otra diferencia. Entre 2022 y 2026 hubo 24 contratos que superaron los $50 millones por día y otros 46 que se ubicaron entre $10 millones y $50 millones diarios. En contraste, más de 6.300 contratos registraron valores diarios entre $100.000 y $500.000. Para S.A.P.O., estas diferencias sirven para ubicar patrones que pueden ser examinados con mayor detalle. La herramienta busca facilitar el seguimiento de ciudadanos, entidades de control e instituciones, pero no determina que exista una conducta irregular a partir de las señales encontradas.

El informe también revisó el programa “Fortalecimiento Integral de los Operadores Públicos del Servicio de Televisión Nacional”, vigente entre 2024 y 2027 y con un valor total de $1,5 billones. La iniciativa, administrada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FonTIC, busca fortalecer y promover la televisión pública.

Al consultar MapaInversiones, plataforma del Departamento Nacional de Planeación, el Observatorio no encontró evidencia de contratación, supervisión o interventoría directamente asociada con ese programa. La ausencia de esos registros, aclara el análisis, no demuestra que los recursos no hayan sido ejecutados. El punto señalado es otro: con la información disponible en esa plataforma no resulta posible seguir la ejecución mediante contratos directamente vinculados al proyecto.

Así, el reporte presenta el aumento de contratos y valores, las modificaciones, la concentración entre proveedores y las dificultades de trazabilidad como señales para profundizar la revisión. El propio Observatorio advierte que ninguna de ellas, considerada de manera aislada, permite concluir que exista una irregularidad.