Ministro del Interior respalda proyecto que busca prohibir procedimientos de afirmación de género en menores: “Los niños no son un experimento”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su respaldo al proyecto de ley que busca establecer límites a determinadas intervenciones médicas de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, presentada por congresistas de diferentes partidos, recoge una propuesta que el presidente Abelardo de la Espriella había planteado durante su campaña y que volvió a poner sobre la mesa tras el caso de Samuel Adrián.

Lara manifestó que el Gobierno respaldará la iniciativa y sostuvo que su contenido coincide con el planteamiento del mandatario sobre la protección de los menores. “Presidente Abelardo de la Espriella lo propuso en campaña: los niños no son un experimento”, escribió el ministro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Lara hizo referencia al Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, denominado ‘Ley Laura, Niños No Experimento’, presentado por el senador Andrés Forero y acompañado por congresistas de distintas colectividades. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, agregó el funcionario.

¿Qué propone la Ley Laura sobre las intervenciones en menores?

El proyecto busca establecer medidas de protección para los menores frente a determinadas intervenciones médicas de afirmación de género. De acuerdo con el documento divulgado por sus promotores, la propuesta contempla prohibir tres tipos de procedimientos en personas menores de edad: bloqueadores de la pubertad, procedimientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género.

La iniciativa también plantea consecuencias para los profesionales de la salud que ordenen, practiquen o ejecuten los procedimientos que sean prohibidos por la eventual ley. Según el proyecto, estas conductas podrían constituir una falta grave contra la ética médica y ser investigadas y sancionadas conforme a la Ley 23 de 1981.

Las sanciones contempladas en la propuesta podrían llegar, dependiendo de la gravedad y la reincidencia, a la suspensión del ejercicio profesional hasta por cinco años.

El proyecto también incluye medidas dirigidas a las EPS e IPS que autoricen, financien, faciliten o toleren las conductas señaladas. De acuerdo con el texto de la iniciativa, estas entidades podrían enfrentar medidas administrativas que incluirían la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación, además de otras actuaciones que pueda adoptar la Superintendencia Nacional de Salud.

Los autores precisan que las medidas planteadas están dirigidas exclusivamente a menores de edad y no contemplan a los adultos.

El caso de Samuel Adrián y el llamado de Abelardo de la Espriella

El debate legislativo tomó fuerza después de que el presidente Abelardo de la Espriella se pronunciara sobre el caso de Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”, quien fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por un presunto desacato judicial relacionado con publicaciones realizadas en su canal de YouTube.

Tras ese episodio, el mandatario pidió al Congreso discutir los límites de este tipo de procedimientos en menores. De la Espriella afirmó que el caso debía abrir un debate nacional y sostuvo que era necesario legislar sobre los límites y prohibiciones de determinadas intervenciones.

El presidente también cuestionó que estas decisiones quedaran únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales, y planteó que debía prevalecer el principio constitucional de protección de los derechos de los niños.

La radicación del proyecto ocurrió después de ese pronunciamiento. Sus promotores señalan que la propuesta busca responder a las preocupaciones expresadas por el mandatario sobre las intervenciones médicas de afirmación de género en menores.

¿Quiénes presentaron el proyecto en el Congreso?

La iniciativa fue presentada por el senador Andrés Eduardo Forero, del Centro Democrático, junto con el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador; la representante Carol Borda, de Salvación Nacional; el representante David Gerardo Cote, del Centro Democrático, y la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional.

El documento de radicación está fechado el 26 de agosto de 2026 y lleva como título formal: “Por medio de la cual se establecen medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las intervenciones médicas de afirmación de género y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto recibió además el respaldo público del expresidente Álvaro Uribe, quien señaló en sus redes sociales que la iniciativa presentada por Andrés Forero para proteger a la niñez y la adolescencia coincidía con las preocupaciones expresadas por el presidente De la Espriella.

El pronunciamiento de Uribe antecedió al mensaje del ministro Lara, quien confirmó que el Gobierno comparte el contenido y el espíritu de la propuesta.

La historia de Laura que dio nombre a la iniciativa

El nombre ‘Ley Laura’ está relacionado con el caso de una joven que, según el comunicado de los promotores, asegura que a los 15 años fue diagnosticada con disforia de género por la Fundación Valle del Lili, en Cali.

De acuerdo con su testimonio, el diagnóstico habría sido realizado de manera precipitada y sin tener en cuenta antecedentes de abuso sexual, traumas de infancia y otras condiciones de salud. El documento señala que posteriormente le fue prescrita testosterona.

Los autores utilizan este caso para cuestionar la suficiencia de los protocolos utilizados en estas situaciones y plantear una revisión de la evidencia científica disponible sobre las intervenciones médicas de afirmación de género en menores.

El comunicado de los promotores cita estudios referenciados por la Universidad de Nueva York y sostiene que una proporción limitada de los trabajos revisados sobre bloqueadores de pubertad y tratamientos hormonales cumplía, según su interpretación, estándares mínimos de calidad metodológica.

La propuesta también advierte sobre posibles efectos relacionados con la fertilidad y la función reproductiva, aunque estas afirmaciones hacen parte de los argumentos y referencias utilizados por los autores para sustentar el proyecto.