Fiscalía imputó a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por caso de corrupción: habría ejercido control sobre contrataciones

La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle. Tras una audiencia del 15 de septiembre de 2026, la entidad señaló la presunta responsabilidad del señalado en un entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de su hermano, Daniel Quintero.

“Los elementos materiales probatorios indican que Miguel Andrés Quintero Calle, como particular, habría ordenado favorecer con la contratación al cuerpo de bomberos a cambio del 15% de los recursos entregados”, informó el ente acusador.

“En estos hechos también habrían participado Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, que fueron imputados, según su posible responsabilidad individual, por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”.

En consecuencia, la institución anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Quintero Calle y dicha petición de detención preventiva se dirigirá únicamente contra el señalado, de acuerdo con la información oficial.

La audiencia para definir la petición de la Fiscalía quedó programada para el miércoles 16 de septiembre, a las 2:00 p. m. De la misma manera, se conoció que Quintero Calle se declaró inocente y no aceptó los cargos al cierre de la diligencia.

Los detalles de la imputación

Según la Fiscalía, Miguel Quintero habría promovido desde diciembre de 2019 una estructura para controlar la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La hipótesis del ente acusador sostiene que recomendó el nombramiento de Álvaro Villada y que, desde esa posición, se impulsó el manejo de la Subdirección Ambiental de la entidad.

La investigación se concentra en seis contratos que habrían favorecido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía aseguró que Quintero no fue imputado como servidor público, sino como interviniente en un supuesto acuerdo con funcionarios que tenían capacidad de decisión sobre los contratos.

Lo que hicieron los implicados, según la Fiscalía, fue “el direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas”.

Estos acuerdos fueron celebrados entre 2019 y 2023, con el objetivo de “fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19″, de acuerdo con el ente de control.

Incluso, las autoridades conocieron a lo largo del proceso de investigación que la contratación tuvo irregularidades desde el punto de partida. En primer lugar, los negocios se realizaron “de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

La Fiscalía, de la misma manera, reveló que se reportaron “posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados” que, sumados, contribuyeron al millonario desfalco.

La fiscal del caso dijo durante la audiencia: “El señor Miguel Andrés Quintero Calle como determinador en este delito, usted, aun careciendo de competencia legal o funcional dentro de la estructura administrativa del Área Metropolitana, intervino en los procesos de contratación, generando la idea criminal en los señalados y otros servidores públicos y particulares ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener un provecho económico, conducta que resulta contraria a los principios de moralidad, imparcialidad, igualdad y economía que gobierna la función administrativa y ajena al deber de buena fe que debe orientar las actuaciones de los particulares frente a la administración pública”.

Parte de la investigación se apoya en la información entregada por Misael Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí, que fue imputado en el mismo proceso y suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Cadavid entregó una camioneta avaluada en cerca de 700 millones de pesos como parte de la reparación en el caso. La Fiscalía sostiene que sus declaraciones relacionan a Miguel Quintero con el presunto manejo de las comisiones ilegales derivadas de los contratos.

La defensa de Quintero, a su vez, de acuerdo con la audiencia, ha rechazado que su cliente haya intervenido en los hechos investigados. La decisión sobre la medida de aseguramiento se conocerá tras la audiencia prevista para este miércoles.