Defensa de Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado durante la audiencia de imputación: “Para eso les pagan”

Laura Sarabia rechazó la incorporación del delito de peculado por uso en la imputación en su contra y su defensa la calificó como una posible represalia por no aceptar cargos ni suscribir un preacuerdo con la Fiscalía.

La exembajadora de Colombia en el Reino Unido fue señalada por presuntamente usar su posición en la Presidencia para someter de forma irregular a Marelbys Meza a pruebas de polígrafo tras la desaparición de una bolsa con dinero y documentos en enero de 2023.

La imputación incluye abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. La Presidencia de la República se declaró formalmente víctima dentro del proceso, mientras la Fiscalía sostiene que se emplearon recursos y estructuras estatales para presionar la realización de esas pruebas administrativas.

El exfiscal Mario Iguarán, abogado de Sarabia, cuestionó que el peculado fuera sumado a los cargos que ya se habían anticipado y afirmó que no existen elementos materiales probatorios que vinculen a su defendida con ese delito. Para la defensa, esa incorporación comenzó a perfilar una acusación excesiva.

El equipo jurídico sostuvo que el ente acusador debe actuar con objetividad y vinculó la ampliación de la imputación con la decisión de Sarabia de no admitir responsabilidad ni negociar una condena. Iguarán expresó durante la audiencia: “Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”.

La defensa también aludió a un antecedente judicial en Cauca, en el que una fiscal fue condenada por prevaricato después de que la justicia considerara que había inflado delitos en una acusación. “Recientemente, en una decisión de la justicia, se condenó por prevaricato a una fiscal en Cauca, que le dio por inflar los delitos, pero lo que queremos es que se nos precisen algunas inquietudes que nos atormentan”, afirmó Iguarán.

La Fiscalía mantuvo su postura y señaló que Sarabia habría aprovechado la jerarquía que tenía en la Presidencia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro para impartir órdenes relacionadas con Meza. Según el ente acusador, llevar a la entonces exempleada a pruebas de poligrafía en esas condiciones constituyó un abuso de poder y un uso irregular del aparato estatal.

Así mismo, el abogado y exfisca sostuvo que la práctica de pruebas de polígrafo en la Presidencia de la República era habitual y pidió a la Fiscalía precisar por qué considera que su cliente incurrió en abuso de función pública en el caso de Marelbys Meza.

De igual forma, el abogado afirmó que la existencia de esa dependencia en la Presidencia debe ser tenida en cuenta al evaluar la conducta atribuida a Laura Sarabia.

“Hasta donde sabemos, siempre ha existido una sala de polígrafo en la Presidencia de la República y han habido eventualidades de personas, sin número, pero yo creo que millares en la historia del país, de personas que las someten ahí”, dijo.

Iguarán agregó que existen casos conocidos de personas sometidas a ese procedimiento dentro de la sede presidencial. Para la defensa, ese antecedente requiere una explicación antes de concluir que Sarabia actuó por fuera de las facultades de su cargo.

La defensa pidió a la Fiscalía explicar por qué Sarabia habría conocido la ilegalidad

Uno de los cuestionamientos centrales del defensor se dirigió a la afirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre el supuesto conocimiento de Sarabia acerca de la ilegalidad de ordenar el polígrafo a Meza.

“Quisiera que la Fiscalía nos precisara por qué esa afirmación, de que la doctora Laura Sarabia sabía que eso era ilícito”, señaló Iguarán al referirse a la imputación por un presunto abuso de funciones.

La Fiscalía sostiene que Sarabia conocía las normas que delimitaban sus atribuciones y que, pese a ello, no tenía competencia para ordenar la práctica del examen a Marelbys Meza. Bajo esa hipótesis, le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

La exfuncionaria deberá responder dentro del proceso por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Meza, quien trabajaba para Sarabia cuando se reportó la desaparición de una suma de dinero en su residencia.

La bolsa desaparecida y las pruebas de polígrafo

Los hechos investigados se remontan al 28 de enero de 2023, cuando se denunció un presunto hurto en el apartamento de Sarabia. Ese día, Meza habría recibido una bolsa negra con dinero y documentos que la entonces funcionaria envió antes de viajar a Cali.

La bolsa debía ser recibida por Andrés Parra, esposo de Sarabia, pero él no se encontraba en el apartamento y la entrega quedó en manos de la exempleada. Al día siguiente, Sarabia le pidió a Parra que buscara el paquete, aunque no logró encontrarlo.

Ante esa situación, la exembajadora contactó al general Carlos Alberto Feria, entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas. De acuerdo con la Fiscalía, Sarabia también ordenó, en presencia del capitán Óscar Leandro Mujica, asignado al caso, que se practicara una prueba de polígrafo.

La funcionaria habría pedido igualmente a Meza que se sometiera al examen. La Fiscalía sostiene que la exempleada aceptó por temor a perder su trabajo y que la orden para practicar la prueba fue ilegal, pues se habría impartido desde una posición de poder ajena a los procedimientos autorizados para investigar un presunto hurto.