Certificación antidrogas de EE. UU. pone a Colombia ante dos escenarios: AmCham advierte que el reto será demostrar resultados

La relación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos vuelve a tener un punto de definición esta semana, cuando Washington revele los países que certifica por sus esfuerzos contra el narcotráfico. Para Colombia, la decisión llega después de un año especialmente complejo, pues la administración de Donald Trump retiró en 2025 el aval que reconocía al país como aliado en esta materia.

Más allá del resultado que se anuncie, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) puso el foco en lo que viene después. El gremio elaboró un análisis sobre los posibles escenarios de la certificación y las condiciones que enfrenta el país para sostener cualquier avance en su relación de cooperación con Estados Unidos.

El diagnóstico parte de una consideración central: Colombia llega a esta evaluación en una posición política más favorable, pero todavía arrastra problemas que fueron determinantes en la decisión del año pasado. Según AmCham Colombia, los indicadores estructurales que pesaron en 2025 no han cambiado de manera sustancial.

La diferencia está en otro frente. El gremio identifica una modificación en la trayectoria política, operacional y de cooperación bilateral, impulsada por las acciones adoptadas desde el 7 de agosto. Ese giro abre una oportunidad para mejorar la posición del país, aunque sus efectos tendrán que demostrarse con resultados concretos.

“Las acciones adoptadas desde el 7 de agosto mejoran la posición de Colombia, pero pocas semanas no revierten varios años de deterioro. La prueba relevante será convertir ese cambio de orientación en resultados verificables y sostenidos durante los próximos doce meses”, destacó la agremiación.

Con ese panorama, AmCham Colombia plantea dos posibilidades para la decisión de 2026. El primer escenario se mueve entre la cooperación y la ruptura, mientras el segundo gira alrededor de una determinación más específica: retirar la designación negativa que pesa sobre Colombia o mantenerla. “La primera reconocería el cambio de trayectoria; la segunda daría mayor peso a los resultados heredados, preservando al mismo tiempo la cooperación”, explicó el gremio.

La lectura de AmCham no limita el problema del narcotráfico a la certificación estadounidense. Para la organización, la reducción de las economías ilícitas representa un desafío que involucra la seguridad y el desarrollo de Colombia, debido a los efectos que genera su expansión sobre distintos sectores del país. El impacto alcanza a los territorios y las empresas y tiene consecuencias sobre la competitividad y la inversión. Por eso, el resultado de la evaluación anual no debería entenderse como el punto final de la discusión, independientemente de la determinación que adopte Washington esta semana.

La fecha del anuncio, prevista para el 15 de septiembre, aparece así como un momento relevante dentro de un proceso que tendrá que medirse por su evolución posterior. Para AmCham, el desempeño de Colombia durante los meses siguientes será determinante para establecer si el cambio de orientación señalado por el Gobierno logra consolidarse.

“La decisión de 2026 importa, pero no cierra la discusión. El verdadero examen para Colombia comienza después del 15 de septiembre: sostener el cambio de trayectoria, reducir la oferta y debilitar de manera verificable la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales”, destacó la agremiación.

El análisis deja planteado que una eventual mejora en la certificación no resolvería por sí sola los desafíos que enfrenta Colombia. La cooperación bilateral podrá fortalecerse si el país consigue respaldar el nuevo escenario político con resultados sostenidos en la lucha contra las organizaciones criminales y las economías ilícitas.

En ese sentido, la evaluación estadounidense será apenas una referencia dentro de un reto de mayor alcance. El país deberá demostrar durante los próximos doce meses que el cambio de trayectoria puede traducirse en avances verificables y sostenibles, especialmente en la reducción de la oferta de drogas y en el debilitamiento de las capacidades económicas y operativas de las organizaciones criminales.