La concejala de Bogotá Sandra Forero y el abogado Rodrigo Pombo presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado N° 25000-23-41-000-2026-01249-00) que busca suspender las reservas temporales de recursos naturales, las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPAs y APPAs), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam), las Zonas de Reserva Campesina y determinantes de ordenamiento territorial.
Según los accionantes, los actos administrativos que sustentan la creación de esas zonas de protección y reservas “habrían sido expedidos de manera desarticulada por autoridades del orden nacional, con desconocimiento de la reserva legal y de los principios de autonomía territorial, descentralización, coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.
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La exministra de Agricultura Martha Carvajalino advirtió que la acción popular no fue consultada con la población campesina afectada. “Solicitud elevada con carácter de urgencia que no se ha consultado o dado a conocer a los campesinos que trabajan esas tierras”, indicó la exfuncionaria en su cuenta de X.
La suspensión solicitada sobre territorios campesinos y suelos de alimentos
El abogado y la concejala solicitaron dejar sin efectos todas las normas y decisiones relacionadas con esas figuras territoriales. De igual manera, pidieron que el Ejecutivo se abstenga de adoptar nuevas decisiones al respecto, “bajo el argumento de armonizar los instrumentos de ordenamiento y las determinantes mediante la reforma de la ley orgánica de ordenamiento territorial”.
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“No solo se acaban las territorialidades sino que se le impide al ejecutivo avanzar en ellas”, precisó Carvajalino.
De acuerdo con la exministra, esta acción popular afectaría a cerca de 1,5 millones de hectáreas que fueron reconocidas como territorios campesinos. A la vez, más de 900.000 hectáreas destinadas a la producción de alimentos quedarían desprotegidas. Además, de resolverse esa acción popular a su favor, los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina y los planes de vida y desarrollo sostenible resultarían afectados.
La ex jefa de cartera también advirtió que los cambios que se establezcan en el uso del suelo podrían dejar esos terrenos subordinados a “intereses rentísticos”.
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“Ello en medio de la alerta más severa por los impactos del fenómeno del niño en la producción de alimentos, que asegura desde ya, un incremento en el precio de los alimentos. Así que los efectos de tal pretensión no ponen hoy en riesgo a quienes viven y trabajan en esas dos millones cuatrocientas mil hectáreas, sino a todos los que vivimos en las ciudades y dependemos de la agricultura campesina para poner comida en nuestras mesas (sic)”, precisó la exfuncionaria en su cuenta de X.
En todo caso, Carvajalino explicó que las organizaciones agrarias, ambientales, de la sociedad civil, la academia y otros ciudadanos pueden intervenir en la acción popular, puesto que es un mecanismo constitucional de participación ciudadana que tiene como fin proteger derechos e intereses colectivos.
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Eso quiere decir que quienes consideren que la decisión puede afectar directamente sus intereses pueden solicitar su participación como terceros interesados. Para ello no requieren de la intervención de un abogado. Además, cualquier persona que quiera consultar el documento puede hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Samai) del Consejo de Estado: samai.consejodeestado.gov.co/Default.aspx.
La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que invitó a la población a intervenir en la acción popular para impedir que los actos administrativos demandados queden sin efectos.
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“El proceso ya fue admitido. Llamamos a organizaciones campesinas, sociales, ambientales, académicas y a las comunidades afectadas a participar e intervenir en defensa de las territorialidades. Defender las territorialidades campesinas es defender la Reforma Agraria y la producción de alimentos”, indicó.
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