El Ministerio de Educación de Colombia mantiene una investigación administrativa contra la Fundación Universitaria San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.
El caso, que comenzó con la anulación del diploma de Juliana Guerrero, ahora incluye denuncias sobre al menos 24 contratistas vinculados con 16 entidades públicas que habrían obtenido sus grados sin cumplir, al parecer, con el requisito de presentar la prueba Saber Pro.
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Las indagaciones se iniciaron de manera formal en noviembre de 2025, después de que salieran a la luz inconsistencias en el título de Guerrero. La ampliación del expediente se produjo tras denuncias recibidas por la congresista Catherine Juvinao, quien conoció información sobre posibles irregularidades en la entrega de diplomas a personas que tuvieron contratos o vínculos laborales con instituciones estatales.
El punto común en varios de los casos es la fecha de expedición de los títulos frente al momento en que los graduados presentaron el examen de Estado.
La normativa mencionada en la investigación establece la presentación de las pruebas Saber como una exigencia para obtener un título de educación superior, señaló un informe de El Tiempo.
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Dieciocho personas habrían presentado el Saber Pro después de graduarse
Según los datos expuestos en las denuncias, 18 de los 24 contratistas señalados realizaron la prueba Saber Pro después de la fecha consignada en sus diplomas.
Otros seis no registran antecedentes de haber presentado el examen en las bases de datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
Una parte de los títulos bajo revisión tiene como fecha de expedición el 5 de julio de 2024. Sin embargo, la jornada de aplicación de la prueba Saber Pro habría ocurrido el 7 de julio de ese año. La diferencia de dos días sustenta una de las alertas sobre la validez de los grados otorgados por la institución.
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La información conocida no implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal o administrativa contra cada una de las personas mencionadas. La investigación busca establecer si la Fundación Universitaria San José incumplió normas educativas y reglamentos internos al expedir los diplomas.
Entre los casos incluidos figura el de Nelfy Melo Morales, exsecretaria en la Casa de Nariño. De acuerdo con el informe, Morales obtuvo de manera simultánea títulos en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El reporte señala que para el título tecnológico no aparece un registro de presentación del examen Saber Pro. No obstante, la obtención de tres diplomas en una misma fecha hace parte de los hechos que fueron puestos bajo conocimiento de las autoridades educativas.
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Un contratista de la Dian habría recibido cuatro títulos
Las denuncias también identifican a un contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien habría obtenido cuatro títulos de pregrado durante una única jornada.
Otro de los casos corresponde a Laura Julieth Martínez Morales, creadora de contenido y entonces contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El documento indica que su título fue expedido el 5 de julio de 2024 y que presentó el Saber Pro dos días después.
También aparece mencionado Carlos Alberto Mendoza Siachoque, publicista vinculado a la Alcaldía de Arauca y con antecedentes contractuales en la Unidad para las Víctimas. Según la información entregada, recibió su diploma el 21 de diciembre de 2024, aunque no habría constancia de que hubiera presentado la prueba de Estado.
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Los hechos se suman al proceso que rodea a Juliana Guerrero, cuyo diploma fue anulado por la universidad luego de las inconsistencias conocidas sobre su formación. La institución también apartó de su cargo al entonces secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.
Los pagos de Guerrero fueron posteriores a la fecha de sus diplomas
A las irregularidades relacionadas con el requisito del Saber Pro se agregaron cuestionamientos sobre pagos atribuidos a Juliana Guerrero.
La senadora Jennifer Pedraza divulgó facturas emitidas ante la Dian que, según expuso, corresponden a matrícula y derechos de grado para los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.
La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG
Los soportes presentados por la legisladora indican que esos pagos se hicieron el 28 y 29 de julio de 2025. No obstante, los títulos de Guerrero tendrían fecha de expedición del 1 de julio de ese mismo año.
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La diferencia entre las fechas de pago y de expedición de los diplomas es otro de los elementos bajo cuestionamiento.
Las inspecciones adelantadas por el Ministerio de Educación identificaron posibles vulneraciones a la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014.
Estas disposiciones regulan, entre otros asuntos, la evaluación de la educación superior, los requisitos académicos y la inspección y vigilancia de las instituciones.
El expediente también revisa el cumplimiento de los reglamentos internos de la universidad, que exigirían la presentación de las pruebas Saber como condición para el grado.
La investigación administrativa deberá determinar si existieron fallas en los controles institucionales, si los documentos académicos fueron expedidos de forma irregular y qué responsabilidades podrían derivarse.
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El Ministerio deberá definir si hubo incumplimientos en la expedición de títulos
Los registros expuestos plantean la posible existencia de un patrón en el otorgamiento de títulos, en especial por la coincidencia de fechas de graduación previas a la presentación del Saber Pro.
Hasta el momento, la información conocida se refiere a una investigación en curso y a denuncias que requieren contraste dentro de los procedimientos administrativos.
La Fundación Universitaria San José ya anuló el título de Guerrero y desvinculó a uno de sus directivos, pero el Ministerio de Educación deberá establecer el alcance de las presuntas anomalías y definir las decisiones que correspondan frente a los diplomas que continúan bajo revisión.
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