Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades: “Aquí no hay negociaciones”

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), dijo estar dispuesto a entregarse a la justicia tras la baja de “Bendito Menor”, pero condicionó esa decisión a la aprobación de una ley de sometimiento y a garantías para evitar una condena de hasta 40 años de cárcel en Colombia.

“Pinocho”, dijo, en entrevista con Semana, que no teme al Gobierno de Estados Unidos y que está dispuesto a viajar a ese país para resolver su situación. También aseguró que podría aportar información sobre el grupo y ayudar a que sus integrantes se sometan a la ley, aunque preguntó quién garantizaría un trato judicial para los demás miembros.

“Dejo claro que no le tengo miedo al Gobierno de Estados Unidos. Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, señaló.

Desde su escondite, Castillo Carrillo explicó que permanece oculto por una orden de captura en Colombia relacionada con el asesinato de un líder, delito del que se declaró inocente, y por un pedido por narcotráfico. El jefe de las Acsn sostuvo que los diálogos de paz fueron cancelados y rechazó las acusaciones de haberse burlado de la Constitución Política o del Gobierno estadounidense.

“Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Pero él debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel”, expuso en el mismo diálogo.

En reacción a la propuesta de alias Pinocho, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora y al ministro de Justicia, Iván Cancino, ejecutar acciones para el sometimiento a la justicia del líder criminal.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinjusticiaCo , por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió en su cuenta de X.

A la par, el líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que durante sus cuatro años de mandato no habrá concesiones ni negociaciones con criminales, por lo que señaló que si Castillo Carrillo no se entrega a la justicia colombiana, el Ejército Nacional debe desplegar operativos en su contra.

“Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde. ¡Firme por la Patria!”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella le dio la espalda a la política de paz total del Gobierno Petro

La política de no concesiones de la administración de Abelardo de la Espriella a los grupos armados quedó reflejada en su decisión de cerrar todas las mesas de diálogo heredadas de la administración de Gustavo Petro. Según sus consideraciones, no mostraron avances concretos en paz, desarme o sometimiento a la justicia. La medida incluye negociaciones con grupos armados, espacios sociojurídicos con bandas criminales y mecanismos de ubicación temporal.

El nuevo Gobierno justificó la decisión con el argumento de que no mantendrá escenarios institucionales que puedan ser utilizados para prolongar actividades criminales, obtener beneficios procesales o evadir la justicia. “Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”.

El cierre alcanza la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, y los espacios con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, las bandas Los Espartanos y Los Shottas de Buenaventura, y el clan del Golfo, que se identificaba como Ejército Gaitanista de Colombia. En Chocó terminaron las conversaciones con Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS; en Antioquia, la medida abarca alrededor de 17 bandas de Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellas La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana.

También finalizaron las mesas con disidencias de las Farc, incluido el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, dirigido por alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza.

El Gobierno nacional cerró además el proceso con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN bajo el mando de alias HH que había entregado 585 artefactos explosivos para su destrucción, y puso fin a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, suspendida desde enero de 2025.