La Policía Nacional de Colombia desarticuló el 10 de septiembre de 2026 una estructura vinculada al Clan del Golfo dedicada al tráfico de cocaína y lavado de activos, mediante la Mega Operación Imperium, que dejó 10 personas capturadas.
Una de estas personas es solicitada en extradición por Estados Unidos. Además, durante la operación, la Fiscalía y la Policía aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 propiedades asociadas a la organización, afectando directamente su patrimonio. El valor de estos inmuebles se estimó en 12 millones de dólares
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Las actividades de la organización abarcaban Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, señaló en declaraciones a medios de comunicación el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del servicio de Policía.
La investigación identificó a Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, como presunto cabecilla de la red desarticulada.
Según lo que explicó el vocero de la institución, Mejía Úsuga lideraba la estructura Juan de Dios Úsuga vinculada al Clan del Golfo y coordinaba actividades para el tráfico transnacional de cocaína y la gestión de recursos de origen ilícito.
Así movían millonadas desde Colombia a Irán: el papel clave de EE. UU. y su Lista OFAC
Uno de los mecanismos detectados por los investigadores consistía en el uso de billeteras virtuales y criptoactivos.
De acuerdo con la Policía, la organización realizó transferencias hacia una plataforma de intercambio de criptomonedas en la República Islámica de Irán mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de activos.
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El seguimiento permitió identificar el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que eran almacenados en billeteras frías para dificultar su rastreo.
En Colombia, la red habría ejecutado operaciones de alrededor de 2,3 billones de pesos, distribuidas en cerca de 2.000 transacciones internacionales. Estas operaciones utilizaron distintas vías para ingresar y movilizar recursos ilícitos en el sistema financiero nacional.
La organización también habría canalizado sumas de dinero procedentes de Estados Unidos a través de empresas legalmente constituidas, con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a los recursos del narcotráfico y facilitar su ingreso al sistema económico colombiano.
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Las pesquisas establecieron además que la estructura operaba en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, donde empleaba recursos humanos y logísticos para facilitar el tráfico transnacional de cocaína mediante el acceso y manipulación de los procesos portuarios.
Los hoy detenidos enfrentan imputaciones por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a las actuaciones judiciales vigentes.
Sobre el resultado, el brigadier general William Castaño Ramos agregó que “el seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”.
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Qué encontró la Fiscalía General de la Nación en otro operativo: nueve sociedades y cuatro comercios bajo investigación
Ese mismo día se conocieron más detalles del operativo, y se mencionó que la red habría operado principalmente entre 2018 y 2026. Los recursos ingresaban al sistema financiero o circulaban mediante activos virtuales, luego eran convertidos en efectivo e invertidos en inmuebles y vehículos de alta gama.
El conjunto de activos sometidos a medidas cautelares incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio localizados en Medellín y Envigado.
Las empresas figuraban en sectores como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
La Fiscalía determinó que varias de esas compañías no tenían infraestructura ni capacidad operativa acordes con los montos que movilizaban. También encontró diferencias entre sus estados financieros, las transacciones bancarias y la actividad económica que declaraban.
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Las pesquisas detectaron operaciones internacionales de alto valor y movimientos cruzados entre las sociedades investigadas. Para las autoridades, esas maniobras permitían encubrir el origen de dinero relacionado con el tráfico de drogas.
Transferencias en USDT y nexos con grupos sancionados
Los investigadores identificaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital estable vinculada al dólar, realizadas con empresas relacionadas con organizaciones de narcotráfico sancionadas por la Ofac.
Según la hipótesis oficial, los fondos que llegaban a Colombia por canales financieros y activos virtuales eran monetizados y retirados con rapidez.
Sobre este operativo, las autoridades señalaron Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como el supuesto cabecilla de la organización. Las autoridades le atribuyen la articulación de la monetización, compensación y entrega de los recursos.
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Este sujeto sería el presunto sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, exnegociador de la mesa de paz urbana durante el Gobierno de Gustavo Petro y líder histórico de la organización criminal conocida como La Oficina.
Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con la administración del dinero y del grupo empresarial investigado. Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de los activos virtuales.
A Johan Mateo Ruiz Orijhuela se le atribuye el uso de billeteras digitales para ingresar, ocultar y convertir grandes sumas de dinero. Luis Andrés Ospina Ochoa habría movido y mantenido ocultos los recursos a través de las sociedades bajo investigación.
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Durante los registros y allanamientos, los agentes incautaron seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos que serán incorporados a la investigación.
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