
Juliana Guerrero difundió este miércoles 9 de septiembre de 2026 su primer pronunciamiento público desde que aceptó cargos penales por la obtención irregular de sus títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.
La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro publicó una carta dirigida al país ―horas después de comparecer ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá―, en la que reconoció su responsabilidad en un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación.
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En el documento, Guerrero rompió el silencio que mantuvo durante el proceso judicial. “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, escribió.
La joven, oriunda de Valledupar, insistió en que su intención no fue eludir responsabilidades.
“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, señaló en la carta.

Guerrero dedicó un extenso pasaje a disculparse con distintos sectores afectados por el caso. “Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Universidad San José; a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Estefany Camacho; y a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto”, escribió. También extendió su disculpa “a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución”.
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La exfuncionaria diferenció entre el daño causado y la intención original de sus actos. “Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país; sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, afirmó. En ese mismo párrafo, ligó su reconocimiento público a convicciones personales: “Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”.

En otro tramo de la carta, Guerrero agradeció a las personas que continuaron su respaldo pese al escándalo. “Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme, con sus palabras y sus actos, que las segundas oportunidades existen”, expresó.
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Cerca del cierre del texto, dirigió un mensaje a la juventud del país. “A los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestras responsabilidades”, planteó, y agregó: “Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar, con mi vida, que podemos ser mejores después de equivocarnos”.
El preacuerdo con la Fiscalía y la pena acordada
La joven, conocida por su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro, reconoció ante la Fiscalía las irregularidades relacionadas con la obtención de sus diplomas en la Fundación Universitaria San José. El proceso incluía los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Guerrero deberá cumplir una pena de tres años de prisión.
La carta se conoció horas después de que Guerrero compareciera en forma virtual ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, en una audiencia en la que la Fiscalía formalizó el preacuerdo suscrito con la defensa de la exfuncionaria.
La fiscal del caso, Jessica Montealegre, explicó que Guerrero “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos”.
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Según el ente acusatorio, la joven anexó a su hoja de vida dos diplomas irregulares, uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional de Contaduría Pública, con el propósito de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de la Igualdad. La Fiscalía precisó que Guerrero “nunca fue a clase, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”.
Guerrero aceptó el cargo de fraude procesal, mientras que el ente investigador degradó su grado de participación de autora a cómplice en ese delito. El acuerdo contempla una pena máxima de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos. En el mismo proceso, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, también firmó un preacuerdo y cumplirá la misma pena privativa de la libertad.
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