Congresista le sacó las cuentas a Viviane Morales por contrato de $95 millones antes de su salida de Educación: de qué se trata

La representante a la Cámara Ana Erazo, del Pacto Histórico, cuestionó la gestión de Viviane Morales al frente del Ministerio de Educación tras revelar un contrato de prestación de servicios por un monto superior a los $95 millones, que firmó antes de salir de la cartera.

La denuncia de la congresista se produjo ante la salida formal de la alta funcionaria del gabinete de Abelardo de la Espriella y tras la confirmación de su reemplazo por parte de la Presidencia de la República, que será Ilva Myriam Hoyos.

El cuestionamiento central de la congresista de oposición al Ejecutivo gira en torno a un proceso contractual asignado al ingeniero Luis Enrique Aguirre Rico por un valor total de $95,2 millones.

¿Quién es el ‘beneficiario’ del contrato que firmó Viviane Morales antes de salir de la cartera?

El acuerdo contempla un pago mensual de $23,8 millones ejecutado durante un periodo fijo de cuatro meses. De acuerdo con las planillas administrativas presentadas por la legisladora, el contratista figuró como jefe de oficina en la Dirección de Planeación de la Fiscalía General de la Nación entre 2011 y 2012, época en la que Viviane Morales ejercía como titular de dicho organismo de control judicial.

A través de su cuenta en la red social X, Erazo hizo públicas las carpetas precontractuales extraídas del sistema público y cuestionó las determinaciones adoptadas por la entidad en vísperas del relevo ministerial.

La legisladora por el Valle del Cauca sostuvo además que el flujo de contratación dentro del sector educativo ha presentado retrasos considerables desde el inicio de la presente administración central.

“Al parecer, Viviane Morales se va del Ministerio sin lograr aceitar completamente la máquina de contratación, que durante las primeras semanas del Gobierno de Abelardo de la Espriella ha avanzado paquidérmicamente, entre otras cosas, por la demora en varios nombramientos dentro de los ministerios”, agregó Erazo en post.

De igual manera, la representante a la Cámara incluyó en su pronunciamiento fuertes críticas hacia el entorno personal de la ministra saliente y solicitó una ruptura total de asesorías externas en la cartera nacional.

“Ahora que Morales se va, esperamos que con ella también se aleje del Ministerio de Educación el señor Carlos Alonso Lucio, cuya cercanía e influencia alrededor de la ministra despertó desde siempre cuestionamientos y nunca le ha generado confianza a nadie”, puntualizó la congresista.

La salida de Viviane Morales trae consigo varias tareas pendientes

Las denuncias y críticas que se conocen sobre la gestión en el Ministerio de Educación salen a la luz en medio del proceso de empalme institucional originado tras la renuncia irrevocable presentada por Viviane Morales.

La salida de la alta funcionaria se hará efectiva de manera oficial el 7 de septiembre de 2026, fecha en la que concluye su labor en la jefatura de la cartera educativa debido a situaciones de índole familiar reportadas ante la Casa de Nariño.

Frente a la vacante en el gabinete ministerial, el presidente Abelardo de la Espriella designó a la abogada Ilva Myriam Hoyos, que cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito del derecho público y se desempeñó anteriormente como procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Hoyos asumirá formalmente el despacho ministerial a partir del lunes 7 de septiembre para tomar el control operativo de la cartera educativa en todo el país.

Entre las funciones prioritarias que deberá asumir la nueva ministra se encuentran la revisión detallada de los procesos contractuales vigentes, el destrabe de los proyectos de infraestructura educativa regional y la aceleración de los nombramientos administrativos pendientes dentro de la entidad estatal.

Así como el borrador del decreto que dejó Morales, el cual plantea modificar el Decreto 1075 de 2015 para permitir que entidades privadas, iglesias y confesiones religiosas puedan organizar, coordinar y administrar instituciones educativas oficiales mediante contratos de hasta 12 años.