Lorena González, alcaldesa del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, denunció que fue víctima de amenazas de muerte en sus redes sociales.
Según la mandataria local, las intimidaciones llegaron al chat de la cuenta de Instagram de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bello.
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De acuerdo con la hipótesis de la mandataria, podría estar relacionada con el caso de presunto maltrato animal que adelanta la administración municipal.

El mensaje fue enviado por un usuario identificado como Jajjajajjajaja.jas, que contenía insultos y una amenaza directa contra su vida. “Deja de subir mierda y ayuda a los animales, alcaldesa puta de mierda. Te vamos a matar (sic)”, se lee en la conversación difundida por Caracol Radio.
El caso genera preocupación por el contexto de seguridad de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.
La posible conexión con el caso de maltrato animal
La hipótesis de la alcaldesa apunta al expediente abierto tras la circulación de videos en redes sociales el 1 de septiembre de 2026. En esas grabaciones, citadas por Blu Radio, se observa a un hombre pateando a dos perros en el parque residencial Paisajes del municipio antioqueño.
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Ante el acto violento contra los animales, vecinos dijeron haber escuchado llantos constantes desde el interior de la vivienda, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para atender la situación. El ciudadano fue denunciado por presuntamente agredir a sus mascotas.

La alcaldesa Lorena González rechazó las intimidaciones y pidió que las autoridades competentes identifiquen al responsable del mensaje. Igualmente, relacionó la amenaza con el avance del caso administrativo.
“El próximo martes (8 de septiembre) se realizará la audiencia en la inspección de medio ambiente con el ciudadano señalado como agresor de los 2 perros en la unidad residencial Paisajes. Allí él deberá responder por sus actuaciones (...) he pedido a las partes competentes que se apliquen las disposiciones de la ley Ángel con todo el rigor”, aseveró.
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Las autoridades deben establecer quién envió el mensaje, si existe riesgo para la alcaldesa y si hay un vínculo directo con el proceso por presunto maltrato a dos perros en Bello.
La Alcaldía también trasladó la amenaza a la autoridad competente. La administración pidió que este tipo de conflictos se tramiten por las vías institucionales.
La hipótesis de la alcaldesa surgió tras la difusión de videos del 1 de septiembre en los que se observa a un hombre pateando a dos perros en el parque residencial Paisajes - crédito X
Autoridades avanzan en la investigación
Tras conocerse la denuncia, la Alcaldía de Bello activó un protocolo de atención para garantizar la integridad de los animales.
Así mismo, la Policía Nacional hizo una primera visita la noche del 31 de agosto y, a la mañana siguiente, acudieron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, la Policía Ambiental y la Inspección de Medio Ambiente, a la residencia en la que habrían ocurrido los hechos.
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La revisión veterinaria estableció que los animales eran un pitbull de cinco años y un husky de siete meses. Ambos estaban clínicamente estables, por lo que quedaron bajo custodia institucional.
Además del trámite de este caso, la administración municipal pidió a la ciudadanía informar a tiempo cualquier situación que ponga en riesgo a animales de compañía. Para esas denuncias habilitó la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica: 311 784 9817.

El ciudadano señalado deberá comparecer el martes 8 de septiembre ante la Inspección de Medio Ambiente de Bello. El proceso se tramita bajo la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, y allí se definirá si hubo una conducta sancionable y qué medidas corresponden.
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Según lo estipulado en la normativa nacional, el hombre podría enfrentar penas de 20 a 42 meses de prisión al provocar lesiones graves a los caninos.
En el componente económico, fija multas de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por esta causa.
Además, incorpora medidas accesorias: prohibición de tenencia por un tiempo equivalente al doble de la pena principal o por rangos definidos por la ley, inhabilidad especial para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o actividades vinculadas con animales, y la creación de un registro de condenados a cargo de la Policía y la Fiscalía. También prevé la posibilidad de cursar programas de sensibilización y protección animal.
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