El Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del presupuesto nacional de 2026, según la información entregada sobre la decisión del Consejo de Ministros.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó ante el Congreso que el ajuste respondió a la falta de recursos para sostener el gasto previsto y evitar dificultades de caja hacia el cierre del año.
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El decreto que formaliza la medida aún no había sido publicado, de acuerdo con el material suministrado. Gómez confirmó el recorte durante una sesión legislativa y sostuvo que la situación de las finanzas públicas llevó al Ejecutivo a disminuir las apropiaciones previstas.

“¿Por qué nos toca recortar el gasto? Porque no tenemos cómo pagarlo. Porque, como nos dejaron las finanzas públicas, no tenemos la capacidad de pagarlo”, afirmó el titular de Hacienda.
Miguel Gómez atribuyó el ajuste al estado de las finanzas públicas
El ministro calificó la decisión como difícil para el Gobierno y dijo que el Consejo de Ministros la consideró necesaria ante el riesgo de que la Nación enfrentara problemas de liquidez durante los últimos meses del año.
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“Esa decisión que tomó el Consejo de Ministros el sábado pasado es una decisión dolorosa, difícil para todos los que estamos en el Gobierno, pero era absolutamente indispensable porque, de lo contrario, íbamos a tener problemas muy serios de caja al final del año”, manifestó Gómez Martínez.
El funcionario presentó el ajuste como una obligación fiscal y cuestionó el manejo del déficit durante la administración anterior. Según expuso, el actual Gobierno no redujo el gasto por una decisión discrecional, sino por la necesidad de ajustar las cuentas públicas a la disponibilidad de recursos.

“No estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que debemos”, dijo el ministro. Añadió que el Gobierno anterior debió contener “el comportamiento del déficit fiscal mucho antes”.
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La información entregada no precisa cuáles serán los sectores, programas o entidades que absorberán el recorte de $21,9 billones, ni detalla el calendario de expedición del decreto con el que se oficializaría la medida.
Alejandro Ocampo cuestionó las cifras y pidió recursos para los damnificados del terremoto
La posición remitida por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, plantea críticas al manejo fiscal expuesto por el Ministerio de Hacienda. Sus declaraciones corresponden a una sesión conjunta de las comisiones económicas de Senado y Cámara sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
Ocampo cuestionó la ausencia de una partida específica para atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, que, según su intervención, afectó a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El congresista afirmó que el presupuesto crece 60 billones de pesos frente al año anterior, pero no contempla recursos identificados para reconstrucción, adecuación de viviendas o subsidios de arriendo para los damnificados.
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“No hay plata para el Chocó, para el Valle, para el eje cafetero (...) subieron 60 billones y no fueron capaces de ponerle plata al terremoto. Qué desfachatez”, expresó Ocampo.
El senador sostuvo que las partidas vinculadas con la emergencia en los cuadros presentados correspondían a recursos de municipios, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y de regalías. En su criterio, esos dineros no provienen directamente del Gobierno nacional.

También pidió al Ministerio de Hacienda precisar la procedencia de los recursos para atender la reconstrucción. Ocampo señaló los 14 billones de pesos que, según dijo, aumentaron en el presupuesto de funcionamiento de esa cartera y planteó que podrían destinarse a las zonas afectadas.
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Durante su intervención, el congresista controvirtió el denominado plan de estabilización fiscal y afirmó que un aumento del endeudamiento no puede presentarse como una disminución del déficit. También objetó la referencia a un recorte de 21 billones de pesos.
Según Ocampo, el Congreso no aprobó 16,5 billones asociados a la ley de financiamiento y parte de los recursos mencionados no se ejecutan, debido a que corresponden a apropiaciones presupuestales. Por esa razón, consideró que no podía hablarse de un recorte real en los términos planteados por el Gobierno.
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