Colombia mantiene abierto el debate sobre el uso del fracking mientras enfrenta un problema más inmediato: la necesidad de importar gas para cubrir su consumo. Aunque esta técnica podría ampliar la oferta de hidrocarburos, el primer proyecto no estaría en condiciones de entregar gas al país antes de 18 meses.
Ese plazo significa que, en el corto plazo, el abastecimiento energético seguirá dependiendo de compras en el exterior y de combustibles como el diésel, el carbón y el gas licuado de petróleo (GLP). La situación adquiere mayor relevancia ante las previsiones de una ola de calor que podría estar entre las más intensas de las últimas décadas.
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El escenario climático representa un desafío para un sistema eléctrico que depende, en gran medida, de la generación hidráulica. Cuando aumentan las temperaturas, los embalses pueden reducir su capacidad de generación y crece la necesidad de recurrir a centrales térmicas. Estas plantas requieren gas, precisamente uno de los combustibles cuya disponibilidad se ha visto comprometida y que Colombia debe adquirir fuera del país.
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) calcula que el primer proyecto de fracking podría aportar inicialmente al país hasta 100 millones de pies cúbicos de gas. Para las demás iniciativas, el horizonte sería más amplio: incluso si comienzan de inmediato, podrían tardar entre dos y tres años en producir barriles de petróleo.
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El potencial identificado para los yacimientos no convencionales se distribuye en ocho zonas. Welligence Energy Analytics ubica recursos en Sinú-San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena, Cesar Ranchería, Catatumbo, Cordillera Oriental y Caguán Putumayo.

La discusión sobre cuánto costaría desarrollar estos recursos tampoco es nueva. Jaime Checa, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos, explicó en abril de 2026 que cifras de Ecopetrol citadas por la ACP en 2018 calculaban inversiones de hasta US$8.500 millones para explotar fracking en Colombia, dependiendo de la escala del proyecto.
Checa recordó que durante 17 años se debatió sobre esta técnica sin llegar a ejecutar proyectos piloto destinados a realizar una investigación integral. Según explicó, poner en marcha esos pilotos tendría un costo de poco más de US$200 millones, mientras una operación industrial podría requerir inversiones de cientos de millones de dólares.
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Entre los riesgos asociados aparecen la contaminación de acuíferos, la extensión de las fracturas dentro del yacimiento y las emisiones de gases. Checa señaló que existen tecnologías capaces de monitorear en tiempo real el alcance de las operaciones, incluida la extensión de las fracturas y la eventual sismicidad relacionada. También existen herramientas para detectar y corregir fugas de metano durante la perforación. Checa mencionó que en Pensilvania, Estados Unidos, hay pozos de fracking ubicados en zonas ambientalmente sensibles.

La perforación comienza con un tramo vertical y continúa con otro horizontal que atraviesa las rocas. El campo puede operar con seis a ocho pozos separados entre 200 y 250 metros. La perforación horizontal puede alcanzar tres kilómetros y las herramientas permiten orientar y corregir la trayectoria, además de registrar información durante el proceso antes de iniciar luego la extracción de hidrocarburos.
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El gas importado enfrenta mayores precios
Mientras los proyectos no convencionales avanzan lentamente, el mercado internacional añade presión al abastecimiento colombiano. Sergio Cabrales, experto minero-energético y docente de la Universidad de los Andes, advirtió a Valora Analitik que el encarecimiento del gas licuado aumenta la vulnerabilidad del país porque su producción interna no alcanza para cubrir todo el consumo.
Según Cabrales, el mercado mundial de gas natural licuado pasó de una relativa estabilidad a registrar presiones alcistas durante 2026. La crisis en el estrecho de Ormuz, asociada a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, llevó los precios a sus niveles mensuales más altos desde la crisis energética de 2022.
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“La crisis en el estrecho de Ormuz afectó a 20 % de la oferta mundial de gas licuado. Entre enero y junio de 2026, el comercio mundial de gas licuado cayó 4 % y más de 80 % del déficit se concentró en Asia. La menor disponibilidad de cargamentos y la competencia por suministros alternativos intensificaron la presión sobre los precios internacionales”, dijo el académico.
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