Fiscalía imputará a Laura Sarabia por polígrafo contra Marelbys Meza: dos testigos impidieron acuerdo de justicia restaurativa

El caso de Laura Sarabia dio un giro inesperado tras la ruptura del acuerdo que buscaba evitar el juicio por el episodio del polígrafo aplicado a Marelbys Meza. La Fiscalía, que durante meses exploró una salida por justicia restaurativa, descartó esa vía y prepara la imputación formal contra la exjefa de gabinete de Gustavo Petro por tres delitos graves.

La negociación entre la defensa de Sarabia, la representación de Meza y la Fiscalía incluía un acuerdo integral para reparar a la víctima, tanto de forma simbólica como económica.

Según fuentes citadas por la revista Cambio, la expectativa era que, de aprobarse el mecanismo restaurativo y cumplirse el acuerdo, el expediente se archivaría y la exfuncionaria evitaría el juicio. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente por dos factores clave: el testimonio de un oficial implicado y la aparición de una segunda víctima.

El cambio de rumbo habría obedecido a dos hechos: el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón aceptó declarar bajo juramento que Sarabia dio la orden del polígrafo y Fabiola Perea pidió intervenir como víctima por presuntas afectaciones a su intimidad.

El caso surgió por lo ocurrido el 30 de enero de 2023 en la Casa Galán, edificio de inteligencia ubicado frente a la Casa de Nariño. Ese día, Meza fue sometida a un polígrafo por la desaparición de dinero en el apartamento de Sarabia.

La decisión también agrava el escenario penal de la exfuncionaria si el proceso termina en condena. Según el penalista Francisco Bernate, los delitos de peculado por uso y abuso de función pública pueden impedir beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, por aplicación del artículo 68A del Código Penal, según explicó a Cambio. Además existiría un tercer cargo que sería constreñimiento ilegal

Cómo se frustró la salida de justicia restaurativa

La defensa de Sarabia intentó una vía distinta al juicio por medio de conversaciones con la Fiscalía. En esa gestión participaron primero Mauricio Pava y después Mario Iguarán, quien asumió la representación de la entonces canciller.

La fórmula buscaba un acuerdo entre Sarabia y Meza. El mecanismo contemplaba una reparación a la víctima en lugar de seguir una ruta punitiva, pero exigía el aval de la Fiscalía.

La negociación alcanzó una etapa formal con una carta dirigida a Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En ese documento, fechado en julio de 2026, la apoderada de Meza pidió “la activación del mecanismo de justicia restaurativa” y señaló que la decisión obedecía a la voluntad “libre, expresa e informada” de su clienta, según documentos revelados por la revista Cambio.

La propuesta incluía un acto de reconocimiento, una reparación simbólica y una compensación económica cuyo monto no fue revelado. Si la Fiscalía autorizaba esa salida y el acuerdo se cumplía, la expectativa de la defensa era que el expediente terminara archivado.

Sin embargo, el primer giro llegó el 2 de julio de este año, cuando Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En su matriz de colaboración se comprometió a declarar que Sarabia impartió la instrucción para someter a Meza al polígrafo.

Según ese compromiso, el oficial sostendrá que Sarabia lo llamó después de enterarse de la desaparición del dinero en su apartamento. También dirá que, en esa conversación, ella pidió modificar su esquema de seguridad y luego ordenó la práctica del examen.

El segundo cambio surgió cuando Fabiola Perea pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso. Perea asegura que, aunque no fue sometida al polígrafo, policías de civil llegaron a su vivienda sin orden judicial, tomaron fotografías del inmueble, recopilaron información de sus familiares y vulneraron su intimidad.

Su abogado Mauricio Marín afirmó que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa planteada para Sarabia. Añadió que el ente acusador escucharía la solicitud de su clienta para intervenir formalmente como víctima.

La contradicción sobre quién ordenó el polígrafo

La nueva línea de la Fiscalía choca con la versión que Sarabia dio en enero de 2024. En esa entrevista, negó haber ordenado el polígrafo y dijo que esa clase de decisiones debía pasar por su esquema de seguridad.

Sarabia afirmó que el supuesto hurto se trató como un asunto de seguridad nacional porque, además de 7.000 dólares, había documentos de Estado. También sostuvo que, cuando llegó a su apartamento, ya había policías de civil y la coordinación del procedimiento estaba en manos de la entonces teniente Sandy, jefa de su esquema.

Esa tesis es la que la Fiscalía buscará controvertir con el testimonio de Mojica. El oficial, a quien Sarabia presentó como la persona que debía decidir sobre el procedimiento, pasó a ser el testigo con el que el ente acusador pretende sostener que la orden salió directamente de ella.

La defensa de Sarabia ya anticipó su disposición a responder en el proceso. Iguarán dijo que, desde el primer momento, se han puesto a disposición de la Fiscalía y están prestos a entregar las explicaciones que el ente acusador considere necesarias.

La comparación con un caso de 2020 durante el gobierno de Iván Duque aparece como uno de los argumentos posibles para la defensa. Entonces, tres enfermeras y una empleada doméstica que trabajaban para Álvaro Ramírez Suárez, padre de Marta Lucía Ramírez, fueron trasladadas al edificio Luis Carlos Galán y sometidas a pruebas de polígrafo tras la desaparición de dinero, alimentos y otros objetos.

En ese expediente, la investigación se archivó por atipicidad de la conducta. Víctor Mosquera, abogado de Ramírez, resumió esa tesis así: “Fue un tema de seguridad nacional y el polígrafo fue voluntario”.

Con ese escenario, a la exfuncionaria le quedan dos caminos principales: controvertir en juicio la tesis del ente acusador o intentar otra salida negociada, como un preacuerdo o un principio de oportunidad. Más de tres años después del episodio en la Casa Galán, el expediente se acerca al tramo que definirá si el caso termina en un juicio penal contra una de las figuras más cercanas al poder en ese momento.