Del desmonte gradual al choque fiscal: las razones que frenan la eliminación del 4x1.000 en Colombia

En la Cámara de Representantes se radicaron dos proyectos de ley del Centro Democrático para desmontar gradualmente el denominado Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) conocido como 4x1.000, tributo en el que se pagan $4 al Estado por cada $1.000 retirados, transferidos o movidos desde una cuenta bancaria. Se aplica desde el 16 de noviembre de 1998, cuando nació de forma temporal como 2x1.000.

El primero, impulsado por el senador Christian Garcés, propone facultar al Gobierno nacional para decretar hasta tres días sin IVA por año sobre bienes específicos y reducir el 4x1000 en tramos de 0,5x1000 desde 2028 hasta llegar a 0x1000 en 2035.

El cronograma propuesto por Garcés establece los siguientes tramos:

• 3,5x1000 en 2028.
• 3x1000 en 2029.
• 2,5x1000 en 2030.
• 2x1000 en 2031.
• 1,5x1000 en 2032.
• 1x1000 en 2033.
• 0,5x1000 en 2034.
• 0x1000 a partir de 2035.

La iniciativa también dispone que, desde el 1 de enero de 2035, queden derogadas todas las normas del Libro Sexto del Estatuto Tributario relativas al GMF. La exposición de motivos de la iniciativa subraya que el impuesto “encarece las transacciones, desincentiva el uso del sistema bancario formal y reduce la competitividad”. Además, advierte que la obligatoriedad de la factura electrónica elevó las transacciones electrónicas de muchas empresas y, con ello, sus costos operativos.

Según Garcés, la eliminación gradual del GMF “favorecería la inclusión financiera, la formalización y la bancarización”, vinculando la medida a un menor uso de efectivo, mayor transparencia y simplificación del sistema tributario.

Exención en transferencias entre cuentas propias

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño incluyó entre sus 21 proyectos de ley para el nuevo periodo legislativo una propuesta para eliminar el cobro del GMF en transferencias entre cuentas de una misma persona. La iniciativa busca modificar el esquema vigente, en el que la reforma tributaria de 2022 aprobó una exención automática por persona para cuentas bancarias y billeteras digitales, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT).

Para 2026, el umbral de 350 UVT equivale a $18.330.000 mensuales, teniendo en cuenta que una UVT equivale $52.374. Si una persona no supera esa suma al agregar todas sus transacciones del mes, no debería pagar el 4x1000. Este esquema cobija tanto cuentas bancarias como billeteras digitales, incluyendo plataformas como Nequi y Daviplata.

Contexto fiscal tras el terremoto: presión sobre las cuentas públicas

Las iniciativas llegan en un momento complicado para las finanzas pública. El terremoto del 10 agosto de 2026 agravó la situación fiscal del país. El Gobierno declaró desastre nacional y estimó los gastos de reconstrucción en $30 billones, en un contexto donde el déficit fiscal ya se ubicaba en 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que, según la calificadora Fitch Ratings, era de 7,1%. Estas cifras significan que Colombia enfrenta una de las mayores presiones fiscales de las últimas décadas, con la necesidad de financiar un ambicioso plan de reconstrucción y, al mismo tiempo, atender los compromisos presupuestales previos.

Por eso, el futuro sobre el 4x1,000 se vuelve esencial e Infobae Colombia indagó a expertos sobre el asunto. De acuerdo con el analista de mercados de VT Markets, Alfredo Marentes, modificar el 4x1.000 podría aliviar a familias y empresas afectadas, aunque la medida implica riesgos fiscales considerables. “Es una medida comprensible como gesto de alivio para los hogares y empresas afectados, pero fiscalmente riesgosa si se aplica de forma generalizada”, señaló Marentes. Agregó que el GMF “es una de las fuentes de caja más líquidas y estables del Estado; eliminarlo sin una fuente de reemplazo comprometería justamente los recursos que se necesitan para financiar la reconstrucción”.

Anteriormente, el Congreso de la República descartó la posibilidad de desmontar el impuesto de forma permanente y la propuesta que podría ganar más consenso es una exención focalizada y temporal, limitada a créditos de reconstrucción, ayuda humanitaria y movimientos entre cuentas propias, exclusivamente en municipios declarados en emergencia.

Marentes considera que este enfoque es más viable porque “circunscribe el impacto fiscal a las zonas más afectadas, en vez de poner en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas a nivel nacional”. Además, recomienda que el Gobierno evalúe cualquier alivio tributario bajo tres criterios:

• Focalización territorial y temporal: beneficiando solo a las zonas y periodos declarados en emergencia.
• Impacto fiscal marginal: priorizando tributos con menor peso relativo en el recaudo frente a aquellos que financian gasto estructural
• Definición previa de la fuente de reemplazo: antes de anunciar cualquier eliminación permanente.

Estabilidad y recambio fiscal

El exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Christian Quiñónez, fue categórico sobre la viabilidad de eliminar el 4x1.000 en el contexto actual. Señaló que “no se puede hablar o proponer a la ligera la eliminación de tributos” y cuestionó la viabilidad de los proyectos que buscan suprimir el gravamen. “Esto no es un recreo de propuestas, sobre todo que busquen un ánimo popular”, advirtió al resaltar que Colombia “necesita dinero, se necesita recaudo”.

Quiñónez enfatizó que hasta el momento “ninguna de las propuestas que hay ahorita en materia de eliminación de impuestos, como el 4x1.000 ha dejado claro cuál sería la fuente sustitutiva en el recaudo de esos tributos que se eliminarían”. Recordó que la emergencia nacional implica un incremento del gasto y que resulta inviable reducir ingresos fiscales en este contexto. “Uno no puede cubrir una emergencia que representa un aumento del gasto extraordinario eliminando ingresos. Eso es totalmente contradictorio”, apuntó.

Para el exfuncionario, actual CEO de Clevertax, la seriedad de cualquier proyecto que busque suprimir un tributo debe estar atada a una propuesta clara sobre cómo suplir esos recursos.

“Para hablar de eliminar impuestos, primero hay que tener claridad sobre la fuente sustitutiva de esos impuestos que se pretenden eliminar. Máxime ahora que estamos en emergencia”, afirmó. Desde su punto de vista, cualquier iniciativa en esa dirección debería “echarse para atrás” en el contexto actual: “El país, el Gobierno va a tener que incurrir en un gasto extraordinario, en un gasto no contemplado, a raíz de la emergencia actual”.

Sugirió un posible esquema de colaboración entre empresas y Estado. Planteó que los contribuyentes que ayuden a suplir necesidades derivadas de la reconstrucción puedan deducir esas colaboraciones de futuras cargas tributarias, especialmente en el impuesto sobre la renta.

“Lo único que se podría proponer realmente es una especie de trabajo colaborativo entre las empresas y el Gobierno, de forma tal que las empresas o los contribuyentes que coadyuven o que ayuden al Gobierno a suplir las necesidades para reconstruir ciudades, para suplir las necesidades de los damnificados, puedan hacer uso de esa colaboración para, en el futuro, poder deducir sus cargas tributarias”, propuso.

También formuló preguntas directas a los promotores de la eliminación de tributos: “¿Cuál es la fuente sustitutiva? Más bien preguntaría yo a cada uno de los que hoy proponen eliminar los tributos que actualmente tenemos. ¿Con qué se van a reemplazar dieciocho billones que recauda el gravamen al movimiento financiero?”, dijo al resaltar la magnitud fiscal de la medida.

En un escenario hipotético de mayor estabilidad, Quiñonez consideró que sí podría evaluarse la eliminación de ciertos tributos, como el impuesto al patrimonio, cuyo aporte al recaudo es menor y más sencillo de reemplazar. También puso en duda la eficacia de los llamados impuestos saludables, como los aplicados a bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados, señalando que si no cumplen su función desincentivadora, podrían ser eliminados porque “tampoco tienen una representación muy significativa en el recaudo del país”.

Efectos económicos del 4x1.000

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho recordó que el 4x1.000 fue creado en 1998 como medida temporal y que, con el tiempo, se volvió permanente y afectó de manera negativa la economía. “El impuesto del 4x1.000, en su diseño inicial, fue una originación para atender un caso temporal frente a la crisis financiera del momento, y se originó con fundamento en la excepcionalidad del artículo 215 de la Constitución con el estado de emergencia económica”, adujo.

Amorocho explicó que el tributo comenzó como 2x1.000 y luego ascendió. “Es un tributo que tiene como característica generar caja y liquidez inmediata por la forma en que afecta las transacciones del sector financiero”. Sin embargo, advirtió que “no es tan conveniente para la persona y la actividad económica como tal, porque es un impuesto que la gente trata de todas maneras de evadirlo, de todas maneras, y al tratar de evadirlo para no ser objeto de gravamen por transacciones, incentiva el uso del efectivo”.

Según Amorocho, “básicamente prefiere el efectivo y no se registran las operaciones en el sistema financiero”, lo que fomenta la informalidad y afecta el recaudo de otros impuestos como el de renta.

El académico resaltó que el tributo afecta por igual a ciudadanos y empresas, y que su diseño permite que el impuesto se aplique repetidamente cuando el dinero se mueve entre cuentas, a menos que existan exoneraciones específicas. “El tributo terminó gravando por igual a ciudadanos y corporaciones”, señaló. Sobre las propuestas de desmontarlo gradualmente,

Fue tajante al hablar de su eliminación: “Desaparecer el tributo de manera gradual, para mí, no sería la alternativa más apropiada. Porque ya hemos dicho dentro de las desventajas que hay, que desde luego el impuesto del 4x1.000 viene fomentando la informalidad e incentiva el uso del efectivo, castigando las transacciones y siendo inequitativo en el gravamen al momento de gravar igualmente a ciudadanos y corporaciones con la misma imposición”.

Dijo que “todo este tipo de cosas quedarían igual si usted comienza con el proceso de gradualización, porque no se desaparece el daño, queda ahí supuestamente más chiquito, pero sigue siendo daño y la gente sigue tratando de sacarle el cuerpo al impuesto del 4x1.000 y fomentar de esa manera la informalidad, que no es buena. Para mí, indiscutiblemente, lo que toca es eliminarlo contundentemente”.

No obstante, aclaró que el momento actual no es propicio para la eliminación definitiva, dado el peso del tributo en el Presupuesto Nacional.

“El 4x1.000 toca eliminarlo contundentemente de la vida jurídica y económica del país por una gran razón, porque afecta las transacciones y las transacciones son dinámica de actuación de la economía en la interacción de la oferta y la demanda para impulsar la actividad económica mediante el desarrollo efectivo de operaciones que le permiten a un país crecer de manera económica, es decir, con compras y ventas de lo que se produce en el país y que finalmente genera el denominado ingreso nacional”.

Entonces, añadió, si se le sigue poniendo un impuesto a las transacciones, se le está afectando la libre operación de bienes y servicios en el país y se está, desde luego, impulsando y perpetuando las dificultades e incertidumbres que genera en la actividad económica el hecho de un impuesto que frecuentemente castiga las transacciones.

Así las cosas, enfatizó que toca eliminar contundentemente este impuesto, pero no es oportuno hacerlo en este momento.

“Yo pensaría que el tema del impuesto del 4x1.000 debería tratarse en una reforma tributaria integral que va a ser presentada por la actual Administración. Ellos dicen que a finales de septiembre. Yo, particularmente, no creo que para esa época esté una reforma tributaria integral, tanto para el centro como para entidades territoriales, pero en esa reforma tributaria integral debe aparecer la eliminación del impuesto al 4x1.000 y el aviso inmediato sobre de qué manera se pueden cubrir las rentas que se dejan de recibir del impuesto del 4x1.000, que en este momento son de dieciocho billones de pesos, aproximadamente”.

Amorocho precisó que, en la actualidad, de un potencial de diez millones de contribuyentes, solo tres millones cumplen con sus obligaciones, y que la ampliación de la base gravable sería clave para compensar la pérdida de recaudo, equivalente a casi un punto del PIB.

“Desaparecerlo hoy de manera contundente no es posible porque hoy el país necesita caja. Ni de manera gradual tampoco se puede hacer ahorita porque el país necesita caja y necesita caja para financiar un proyecto de Presupuesto que ya venía desfinanciado en $30 billones y un proceso de reconstrucción que vale treinta billones”, puntualizó. Añadió que Colombia no puede permitirse recortar tributos en momentos de dificultades fiscales apremiantes.

Medidas tributarias alternativas y el rol del Congreso

El Congreso de la República también analiza otras medidas tributarias, entre ellas la exención temporal del IVA sobre materiales e insumos de construcción, el aplazamiento de plazos y sanciones de la Dian para contribuyentes en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca, el congelamiento de arriendos y precios de materiales en las zonas impactadas y la exención de peajes en corredores viales dañados. Estas acciones, a diferencia del GMF, tienen un impacto fiscal acotado por su aplicación restringida en tiempo y territorio.

Desde la perspectiva de VT Markets, la combinación de exención de IVA en insumos de construcción con alivios temporales en plazos y sanciones de la Dian para las zonas afectadas podría generar un efecto multiplicador inmediato sobre el costo de reconstrucción y el flujo de caja de familias y empresas, sin sacrificar ingresos permanentes del Estado. “Eliminar el 4x1000 podría convertirse, en cambio, en un problema adicional de financiamiento justo cuando el país más necesita capacidad de gasto”, concluyó Marentes.