Álvaro Uribe hizo particular solicitud al Congreso de la República tras polémica por proceso judicial en su contra: “Estoy listo para responder”

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, afirmó en sus redes sociales que está dispuesto a ir al Congreso de la República para dar explicaciones por el proceso judicial que se adelanta en su contra y pidió que lo citen a una audiencia para que se examine su caso.

Cabe recordar que Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, envió una solicitud formal a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que remita el expediente que lleva el ente investigativo contra Uribe Vélez por supuesta participación en la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, causa por la que fue llamado a indagatoria.

Por ello, el líder político del Centro Democrático sostuvo que no tiene inconveniente en comparecer ante parlamentarios: “Estoy listo para asistir a una audiencia que quieran convocar en el Congreso o algunos congresistas para que examinen mi caso judicial. Siempre he estado dándole la cara a los colombianos y a todas las instituciones”.

En un video, atribuyó su pedido a las versiones que circulan en Internet y agregó que desea tener un espacio con el fin de poder responder a las dudas y versiones que hay sobre el proceso legal en el que está inmiscuido.

“Como hay tanta especulación en redes sociales, todos los congresistas que quieran hacer esa audiencia, estaré disponible y preferiría poderlos escuchar, que hicieran todas sus críticas, todo su planteamiento contra mí y que me dieran la posibilidad de responder”, argumentó.

La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadia, mantuvo los casos en su despacho pese al argumento de Cuenca, tras considerar que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial.

Fiscalía conservará el expediente de Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación resolvió que conservará el expediente contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, y no lo enviará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una decisión que mantiene activa la investigación mientras la Corte Constitucional define qué autoridad debe juzgar los hechos.

El caso seguirá avanzando en la fase instructiva. La calificación de delito de lesa humanidad impide que la acción penal prescriba, de modo que las autoridades pueden mantener abiertas las indagaciones, practicar pruebas y recoger testimonios de víctimas y de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin límite temporal.

La decisión fue ratificada por la fiscal delegada Marcela Abadía en un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Acusaciones, el congresista Carlos Cuenca del Partido Radical. En ese documento, la entidad sostuvo que conserva la competencia legal para continuar el trámite.

La Corte Constitucional definirá qué entidad conserva la competencia

Como dos entidades del Estado colombiano reclaman la facultad legal para juzgar los mismos hechos, el caso quedó configurado como un conflicto positivo de competencias. Ahora, corresponderá a la Corte Constitucional revisar las actuaciones y emitir una decisión formal sobre si el proceso debe seguir en la Fiscalía o pasar a la Comisión de Acusaciones.

La respuesta del ente investigador fue emitida bajo la dirección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. El oficio conocido por el medio fijó la posición institucional frente a la petición del Congreso y dejó abierto el camino para que el alto tribunal resuelva la disputa.

Mientras esa revisión avanza, Abadía continuará con las diligencias previstas dentro del cronograma de su despacho. Eso significa que la recolección de pruebas no se suspenderá antes de que la Corte Constitucional adopte una decisión de fondo sobre la competencia.

En términos concretos, la decisión actual implica que el expediente permanece en el órgano acusador hasta nuevo pronunciamiento. Si la Corte Constitucional concluye que el caso corresponde al Congreso de la República, la documentación será enviada de inmediato a la Comisión de Acusaciones para que designe congresistas investigadores.