Alerta en La Guajira: Corte Constitucional evidenció que la población wayuu está consumiendo agua contaminada con heces de animales y partículas de plantas

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia realizó durante los días 26, 27 y 28 de agosto una inspección judicial en La Guajira para verificar las condiciones en las que se garantizan los derechos fundamentales de la población infantil Wayuu en materia de agua potable, salud y alimentación.

La diligencia se desarrolló en cumplimiento del Auto 1017 de 2026 y estuvo liderada, desde el equipo técnico, por los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot. El propósito fue verificar directamente en los territorios el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-302 de 2017, decisión mediante la cual se declaró la vulneración de derechos de la población infantil Wayuu.

Los espacios de encuentro contaron además con Rafael Mercado Epieyuu, traductor e intérprete de wayuunaiki, con el fin de que las comunidades y autoridades tradicionales pudieran entregar directamente sus testimonios y exponer las condiciones que enfrentan en los territorios visitados.

Agua para consumo humano, uno de los principales puntos de verificación

En el componente relacionado con el acceso al agua, el magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández de Castro encabezó las diligencias realizadas en puntos que habían sido identificados previamente por la Sala de Seguimiento. Los recorridos incluyeron el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, además de los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia.

El equipo contó con el acompañamiento de Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena, quien realizó una evaluación de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua. Para ello fueron tomadas muestras directamente en los lugares visitados, siguiendo protocolos estandarizados por las autoridades sanitarias y ambientales de Colombia.

Uno de los hallazgos se produjo en Jojoncito, Uribia, donde los magistrados auxiliares constataron las condiciones de la fuente utilizada por la comunidad para obtener agua destinada al consumo humano. Se trata de un reservorio de agua de escorrentía superficial que, de acuerdo con lo observado durante la diligencia, presentaba signos evidentes de contaminación por posibles heces fecales de animales de corral y por la presencia de microalgas que le daban una coloración verdosa al agua.

Las muestras recolectadas fueron trasladadas de manera inmediata a un laboratorio para su análisis. Los resultados de estos estudios serán incorporados posteriormente al informe que elaborará la Sala Especial de Seguimiento.

Comunidades reportaron dificultades para acceder a salud y alimentación

En materia de salud, el magistrado auxiliar Sebastián Rubiano-Groot lideró el equipo técnico, acompañado por Iliana Curiel, docente de la Universidad de La Guajira, quien evaluó las condiciones de prestación del servicio y la situación general de las niñas y los niños Wayuu frente a este derecho.

Durante la inspección, la Sala Especial fue informada sobre la presencia de equipos extramurales e interculturales en varias de las comunidades visitadas. Sin embargo, las autoridades tradicionales señalaron que las EPS contratadas no estarían realizando actividades de seguimiento a los casos identificados.

Según lo manifestado por las comunidades, esta situación dificulta el control adecuado de los tratamientos que requieren las niñas y los niños Wayuu. También fueron expuestas las dificultades para trasladarse hasta los centros de salud existentes.

Entre los obstáculos señalados se encuentran las condiciones de movilidad de la región y, particularmente, el estado de las vías. De acuerdo con las comunidades, estas dificultades se intensifican durante la temporada de lluvias y afectan el acceso oportuno a servicios asistenciales y de urgencias.

A esta situación se suma, según lo expuesto durante la inspección, la falta de centros de salud cercanos a los lugares donde habitan las comunidades. En algunos casos, señalaron, la infraestructura de salud ya existe, pero no se encuentra en funcionamiento.

En cuanto a la alimentación, la magistrada auxiliar Carolina Murillo encabezó el espacio de verificación en el que fueron observados los lugares destinados al almacenamiento y preparación de los alimentos. Además, los integrantes de la comisión recorrieron, acompañados por miembros de las comunidades, las rutas que deben transitar para conseguir el agua utilizada en la preparación de sus alimentos.

Entre los programas mencionados en las comunidades estuvieron el Modelo de Atención Integral (MAI), a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Frente a estos programas, las comunidades reportaron dificultades relacionadas con la cantidad y suficiencia de los alimentos, así como con la caracterización y movilización de niñas y niños hacia las instituciones educativas.

La administración municipal de Uribia, por su parte, informó que la continuidad del PAE estaba asegurada únicamente hasta octubre debido a razones relacionadas con la sostenibilidad financiera.

La Sala Especial de Seguimiento señaló que los resultados de las verificaciones realizadas durante la inspección judicial, incluidos los análisis de laboratorio de las muestras de agua y la documentación entregada durante las jornadas, serán incorporados al informe mediante el cual se evaluará el grado de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua.

La información recopilada también será valorada dentro de las actuaciones de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, sin perjuicio de las medidas que puedan resultar pertinentes frente a las entidades responsables, de acuerdo con lo constatado durante las diligencias.

Durante las jornadas, la Corte Constitucional contó con el acompañamiento de autoridades y entidades nacionales, departamentales y municipales vinculadas al seguimiento de la sentencia. Participaron delegados de la Gobernación de La Guajira y de las alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, además de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Contraloría General y diferentes ministerios.