Video: control militar en El Charco, Nariño, resultó en una confrontación entre civiles y uniformados

Un procedimiento de control de rutina realizado por la Infantería de Marina en El Charco, Nariño, derivó en una confrontación directa entre civiles y militares en el casco urbano del municipio.

El incidente se registró mientras varios ocupantes de una embarcación arribaban a la zona urbana, en medio de operativos habituales para garantizar la seguridad local. De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la tensión escaló cuando uno de los pasajeros de la embarcación habría agredido físicamente a un integrante de la fuerza pública.

Ante la situación, otro uniformado intervino para controlar el altercado y restablecer el orden. El suceso fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales, lo que multiplicó las reacciones y abrió debate sobre los límites de la autoridad y la conducta civil durante operativos.

Reacciones y debate social tras la difusión del incidente

El incidente ocurrido en El Charco provocó que algunos de los involucrados se identificaran como líderes sociales, que exigieron respeto a su labor y a sus derechos en medio del procedimiento militar.

Las imágenes rápidamente circularon en diferentes plataformas digitales, acompañadas de declaraciones en las que los participantes reclamaron garantías por parte de las autoridades, como se refleja en los registros audiovisuales difundidos.

Las respuestas en redes sociales evidenciaron posturas encontradas. Mensajes como “Respeto al ejército, el que la irrespeta y la ve como enemigo, es delincuente o es amigo de los mismos” o “Bien hecho uniformados, ya es hora que no se dejen golpear ni amedrentar” muestran el respaldo alrededor de la relación entre comunidad y fuerza pública. Otros usuarios, por su parte, cuestionaron los métodos de control y exigieron protocolos claros en la actuación de los militares.

Contexto legal: consecuencias de agredir a un militar en Colombia

El enfrentamiento en El Charco reavivó el debate sobre las consecuencias legales para los civiles que incurren en conductas violentas contra integrantes de la fuerza pública durante el cumplimiento de sus funciones.

Con base en el Artículo 429 del Código Penal Colombiano, quien ejerza violencia contra un servidor público, incluyendo a miembros de las Fuerzas Militares y/o de la Policía Nacional, enfrenta una pena de prisión que oscila entre cuatro (4) y ocho (8) años. Esta sanción puede aumentar si se generan lesiones personales o si la agresión reviste especial gravedad.

De acuerdo con la legislación, si la agresión causa daño físico, además del delito de violencia contra servidor público, se investiga el delito de lesiones personales, cuyas penas aumentan cuando la víctima es un agente del Estado en ejercicio de sus funciones. La normatividad busca proteger la integridad y la autoridad de los miembros de la fuerza pública durante operativos y controles.

Respaldo presidencial a la fuerza pública en medio de desafíos

En este contexto de creciente tensión social y cuestionamientos a las fuerzas de seguridad, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó un respaldo absoluto a soldados y policías durante un consejo de seguridad realizado en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

El mandatario, en presencia del ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, el subcomandante de la Policía Nacional Norberto Mojica, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, reiteró que su gobierno defenderá “con decisión” a los uniformados frente a las amenazas del crimen organizado.

La frase “donde no hay seguridad no hay nada” se consolidó como eje central de su intervención ante autoridades civiles y militares. De la Espriella afirmó: “Yo voy a ser el primer defensor de los soldados y policías de la patria, que nunca más serán maltratados, que nunca más serán vilipendiados, que nunca más serán arrodillados”. El presidente subrayó que los miembros de la fuerza pública ejercerán sus funciones “con apego a la Constitución y la ley”, contando con el pleno respaldo del Gobierno nacional.