El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena falló una tutela relacionada con la intervención de Coosalud y determinó que las medidas adoptadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para mantener la toma de posesión de la cooperativa quedaran sin efectos.
La decisión implica el retorno de la administración de la entidad a los órganos previstos en sus estatutos.
En respuesta a la acción de tutela, el juez Juan Carlos Marmolejo dejó sin efectos “las Resoluciones No. 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024 y No. 2026140001575 del 10 de marzo de 2026”, mediante las cuales se había ordenado, entre otras medidas, la prórroga por un año de la toma de posesión para administrar la Cooperativa Coosalud.
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El agente interventor deberá entregar la administración
Como parte de las órdenes impartidas en primera instancia, el juez estableció que el agente interventor de Coosalud, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, tendrá cinco días hábiles para entregar el material contable, financiero y administrativo de la entidad a los integrantes de la Asamblea General de Delegados.
La Asamblea General de Delegados es señalada en la decisión como el máximo órgano de administración de la cooperativa. A partir de la entrega de la información, sus integrantes deberán asumir transitoriamente la dirección de la entidad y actuar conforme a las disposiciones contempladas en los estatutos.
En ese sentido, los delegados “asumirán la dirección transitoria de la entidad, y en los términos de los estatutos de la Cooperativa deberá convocar a sesión extraordinaria de delegados para designar los órganos de administración correspondientes”.
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La intervención de la entidad se remonta a noviembre de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la dirección de Giovanny Rubiano, ordenó la toma de posesión de Coosalud. Para ese momento, la EPS atendía afiliados en 23 departamentos y en el Distrito Capital, y representaba el 6,30% del total de pacientes.
Rubiano explicó entonces que la medida tenía como propósito administrar la entidad y no llevarla a una liquidación. “para administrar, más no para liquidar”, señaló el entonces superintendente, quien también manifestó el compromiso de “mejorar la prestación de los servicios, y a buscar que los afiliados puedan escoger una red de servicios integral”.
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La intervención se mantuvo durante el gobierno de Gustavo Petro y Coosalud fue una de las siete EPS que, al cierre de esa administración, continuaban bajo medidas de intervención. En ese mismo contexto, la deuda del sistema de salud ascendía a 41,5 billones de pesos.
Supersalud anunció nuevos interventores
Mientras el fallo del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordena que la Asamblea General de Delegados asuma transitoriamente la dirección de la cooperativa, la Supersalud informó el nombramiento de Edgar Felipe Molina como nuevo interventor de Coosaud en reemplazo de Aarol Lee Medina Ovalle. Según la entidad, Molina es médico cirujano y cuenta con amplia experiencia en el sector asegurador y en la prestación de servicios dentro del sistema de salud.
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Además, la Superintendencia explicó que los anteriores interventores fueron removidos luego de la recomendación del Comité de Medidas Especiales y del análisis de los indicadores correspondientes a su gestión.
Sin embargo, dado el fallo judicial, la situación deberá definirse a partir de sus efectos, así como del alcance de la nueva designación administrativa.
De acuerdo con los datos entregados por la Supersalud, Coosalud cuenta con 3.354.872 afiliados y tiene presencia en 28 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bolívar. Del total de afiliados, 3.021.701 pertenecen al régimen subsidiado y 333.171 al régimen contributivo.
La Superintendencia señaló que los nuevos interventores “llegan con la instrucción de realizar un diagnóstico riguroso y expedito para establecer el plan de trabajo a seguir y promover las diferentes acciones de responsabilidad frente a las irregularidades o inconsistencias que lleguen a encontrar, así como adoptar las decisiones necesarias que eviten que estas intervenciones se prolonguen de manera indefinida”.
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Durante el acto de posesión, María Andrea Godoy indicó que los funcionarios designados tendrán un mes para presentar ante la Supersalud un plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por la entidad.
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