El uso de drones cargados con explosivos se convirtió en una de las amenazas que más presión está generando sobre la defensa de Colombia. La alerta volvió a tomar fuerza por el aumento de ataques atribuidos a grupos armados y por la velocidad con la que estas estructuras estarían adaptando tecnologías de bajo costo para golpear a la fuerza pública y a la población en zonas de conflicto.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Servicio de las Naciones Unidas de Acción Contra Minas Antipersonal, UNMAS, reportó que durante 2025 se registraron 333 ataques efectivos con drones armados, frente a 61 casos en 2024. Esa variación representa un aumento del 445 %, una cifra que evidencia el salto operativo de esta amenaza en apenas un año.
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El dato se conoce mientras el país intenta fortalecer sus capacidades de detección y neutralización. Aunque el Ministerio de Defensa ha reportado nuevas adquisiciones y proyectos en marcha, expertos advierten que la respuesta institucional todavía enfrenta una brecha frente al ritmo de actualización de los grupos ilegales.
Amenaza crece más rápido que la defensa
En entrevista con Blu Radio, Camilo Mendoza, experto en defensa antiaérea y tecnologías antidrones, aseguró que Colombia sí cuenta con capacidades para enfrentar estos dispositivos, pero advirtió que la comparación con las herramientas adquiridas por los grupos armados muestra una diferencia preocupante.
“Cuando se compara esa capacidad con las capacidades que ha adquirido la amenaza, desafortunadamente vemos que hay una brecha a favor de los grupos delictivos, pero sí se está trabajando”, explicó Mendoza.
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El Ministerio de Defensa ha informado la adquisición de 48 sistemas C-UAS por parte del Ejército y la fabricación de otros 22. Además, Codaltec suscribió contratos por 65.000 millones de pesos relacionados con sistemas antidrones y con el mantenimiento de capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana.
Sin embargo, Mendoza considera que estas medidas deben avanzar hacia una defensa multicapa. Según su análisis, una sola herramienta no es suficiente para enfrentar una amenaza que cambia de forma rápida y que puede operar con distintas tecnologías, altitudes, señales y modalidades de aproximación.
La propuesta del experto contempla combinar sistemas de detección por radiofrecuencia, radares y drones interceptores, entre otras capacidades. La razón, según explicó, es que algunas aeronaves no tripuladas pueden operar de formas que dificultan su identificación mediante sistemas convencionales.
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“Un solo sistema no se puede encargar de una amenaza tan compleja como lo son los drones”, afirmó Mendoza.
Proyecto antidrones y nuevas reglas
A las capacidades actuales de la fuerza pública se suma el proyecto Escudo Nacional Antidrones, puesto en marcha durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La iniciativa fue valorada en cerca de 6,2 billones de pesos, con una primera fase para la que fueron asignados alrededor de 1 billón.
El objetivo del proyecto es adquirir sistemas fijos, semifijos, vehiculares y portátiles para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas. Según el último cronograma público del Ministerio de Defensa, la iniciativa se encontraba durante el primer semestre de este año en etapa de pruebas y estructuración contractual.
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La discusión también tiene un componente regulatorio. Un proyecto de ley para regular los drones presentado en 2025 fue archivado, pero el Ministerio de Defensa radicó una nueva iniciativa el 5 de agosto de 2026. La propuesta busca establecer reglas sobre importación, fabricación, comercialización, uso y control de drones y sistemas antidrones.
Para Mendoza, el desafío está en encontrar un equilibrio. El país necesita fortalecer la seguridad y cerrar la brecha frente a los grupos armados, pero sin imponer restricciones que frenen el uso legal, comercial, institucional y productivo de estas tecnologías.
El experto también llamó a mantener una estrategia conjunta entre Fuerzas Militares y Policía, capaz de adaptarse a una amenaza que cambia constantemente. La advertencia es que los drones ya no son un riesgo aislado, sino un frente de presión permanente para la defensa nacional.
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La discusión deja claro que Colombia enfrenta una carrera tecnológica contra estructuras armadas que buscan nuevas formas de ataque. El reto será acelerar capacidades, mejorar coordinación, regular el mercado y evitar que la respuesta llegue tarde frente a una amenaza que ya mostró un crecimiento acelerado.
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