La Cancillería aclaró la polémica por la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana, México: “No tiene nada que ocultar”

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aclaró las actuaciones de la cartera en relación con la instalación del Consulado de Colombia en Tijuana, México. Pues, en enero de 2026, cuando Yolanda Villavicencio Mapy todavía ejercía como canciller, se nombró a una cónsul en Tijuana, pero todavía no se había instalado la entidad diplomática en esa ciudad.

Se trata de Maryory Ecineth Pabón Gavilán, que, mediante el Decreto 0033 del 20 de enero de 2026, fue designada en provisionalidad en el cargo de ministro consejero, adscrita al Consulado de Colombia en Tijuana.

En ese sentido, la Cancillería, ahora liderada por Omar Bula Escobar, informó en la comunicación oficial que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación las actuaciones relacionadas con la apertura, instalación y puesta en funcionamiento del consulado en cuestión. Esto, con el fin de que los organismos de control verifiquen si hubo irregularidades en la instalación del mismo y, de ser el caso, definan responsabilidades individuales en materia penal y disciplinaria.

El ministerio advirtió que cuando se iniciaron las gestiones administrativas y contractuales y se seleccionó el inmueble para la ubicación de la sede diplomática no se había asignado una partida presupuestal para su apertura.

En todo caso, la cartera aclaró que las actuaciones orientadas al desarrollo de investigaciones penales y disciplinarias no constituyen una imputación anticipada contra ninguna persona. Las autoridades competentes son las responsables de adelantar las indagaciones pertinentes y determinar si hubo responsabilidades.

“Por tratarse de recursos públicos y de una actuación que involucra diferentes componentes administrativos, el actual Gobierno ha considerado necesario que los organismos de control conozcan de primera mano las actuaciones adelantadas y determinen, con independencia, si alguna de ellas debe ser objeto de investigación”, detalló.

Por otro lado, explicó que la existencia de una cónsul designada no significa por sí sola que hayan concluido las etapas administrativas, presupuestales, contractuales y operativas necesarias para habilitar físicamente una nueva sede para la entidad diplomática.

En ese sentido, indicó que el nombramiento de la funcionaria Maryory Ecineth Pabón Gavilán es un acto administrativo formal y plenamente identificable, pero distinto del proceso material de apertura de la sede. De igual manera, aseguró que las actuaciones para abrir el consulado comenzaron antes de la designación de la cónsul. En ese proceso participaron distintas dependencias de la cartera.

“La Cancillería reitera que no tiene nada que ocultar y que toda actuación relacionada con la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad fiscal, planeación y defensa del patrimonio público”, indicó.

El comité de inmuebles evaluó seis opciones para la futura oficina consular

Según la Cancillería, la apertura de una nueva oficina consular implica el desarrollo de tareas administrativas, presupuestales, contractuales, inmobiliarias, tecnológicas y operativas, para que así sea posible garantizar la puesta en funcionamiento de la sede.

Dentro de las gestiones reportadas, el Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior analizó seis alternativas de sede. La evaluación tuvo en cuenta ubicación, área, accesibilidad, seguridad, costos de arrendamiento, adecuaciones requeridas y condiciones contractuales.

También se adelantaron gestiones para crear la sede en los sistemas institucionales, abrir cuentas bancarias e identificar necesidades de mobiliario y equipos.

Así las cosas, la cartera afirmó que es necesario tener representación consular en el exterior y, al mismo tiempo, vigilar y custodiar los recursos estatales destinados al trabajo diplomático. “La prioridad del Gobierno de Colombia es garantizar una presencia consular efectiva, transparente y al servicio de los colombianos en el exterior, al tiempo que protege rigurosamente los recursos públicos y fortalece la institucionalidad del Estado”, añadió el ministerio.