Tras la aprobación de la Corte a la reforma pensional, quienes queden fuera del régimen de transición pagarían hasta $437.700 más al mes: esta es la razón

La Corte Constitucional reactivó la reforma pensional y fijó su entrada en vigor para el 1 de abril de 2027, una decisión que deja intactas las reglas actuales hasta marzo de ese año, pero que ya obliga a hacer cuentas porque quienes queden por fuera del régimen de transición podrían pagar entre $35.000 y cerca de $437.700 más al mes al Fondo de Solidaridad Pensional, según un análisis de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

El cambio más visible para el bolsillo surge de ese estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, elaborado con valores de 2026. La estimación parte de la nueva escala de aportes para quienes no conserven las normas anteriores y toma como referencia desde cotizantes de cuatro salarios mínimos hasta quienes llegan al tope de 25.

La ley debía empezar en julio de 2025, pero la Corte la suspendió por una falla de trámite y ordenó repetir la votación en la Cámara. El 25 de agosto avaló la corrección de la mayor parte del articulado, devolvió nueve apartes y un artículo propuesto, y dejó pendientes demandas de fondo.

Hasta esa fecha continúa aplicándose la Ley 100. Un empleado sigue aportando 4% de su ingreso base y su empleador 12%, mientras que un trabajador independiente mantiene una cotización de 16%.

Con un ingreso base de $3 millones, eso significa un aporte de $120.000 para un asalariado y de $480.000 para quien cotiza por cuenta propia. Las edades de pensión tampoco cambian por ahora: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Según el análisis, la reactivación de la reforma no implica un aumento automático de descuentos desde ahora ni modifica de inmediato la edad exigida para pensionarse.

El punto que sí exige revisión desde hoy son las semanas cotizadas. El artículo 75 protege a las mujeres con 750 semanas y a los hombres con 900 cuando la norma entre a regir, pero ese umbral no concede la pensión, sino que define quién conserva las reglas anteriores.

Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, explicó que “el dato decisivo ya no es la edad: cada persona debe saber cuántas semanas tiene y cuánto le falta para el corte”.

Por eso recomendó descargar la historia laboral, compararla con contratos y desprendibles, y reclamar aportes ausentes o salarios reportados de manera errónea.

El estudio advierte que los 218 días hasta abril sirven para ordenar la información, pero no garantizan que sumar 31 semanas alcance para quedar protegido. Las autoridades aún deberán precisar cuál será el corte aplicable.

El aumento del aporte solidario dependerá del salario y de si hay transición

Para quienes queden fuera de la transición, la cotización hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones y el excedente a una administradora privada autorizada. Con el salario mínimo de 2026, ese umbral equivale a $4.027.082, aunque la cifra final dependerá del mínimo que rija en 2027.

Tejedor precisó que “no debe confundirse distribución con un nuevo cobro. Para quien está por debajo de cuatro mínimos, cambia la ruta del dinero, no la tarifa ordinaria”. También recordó que la ventana de traslado venció el 16 de julio de 2026 y que el fallo no la reabrió.

Según el análisis, con cuatro salarios mínimos, equivalentes a $7.003.620 en 2026, el aporte solidario subiría de uno a 1,5%, lo que representa alrededor de $35.000 adicionales por mes. En el extremo superior, con 25 salarios mínimos, es decir $43.772.625, pasaría de dos a 3%, con un incremento cercano a $437.700 mensuales.

Así mismo, se aclaró que no se trata de un cobro definido para 2027, sino de una referencia en pesos de 2026. El valor real dependerá del salario mínimo vigente entonces y de los redondeos aplicados en la planilla Pila.

Quienes tengan varios ingresos deberán sumar sus bases de cotización para establecer en qué rango quedan. Ese cálculo será el que determine si el aporte solidario adicional se acerca al piso estimado o al tope previsto por el estudio.

La Cámara aún debe corregir apartes devueltos por la Corte

Desde la notificación del fallo, la Cámara tendrá 30 días hábiles para discutir los puntos devueltos. Si modifica textos, podría ser necesaria una conciliación con el Senado y luego la Corte deberá verificar si la corrección fue hecha de forma adecuada.

Ese trámite todavía puede alterar partes de la reforma. Si vuelve a fallar, algunos apartes podrían quedar por fuera, aunque el núcleo ya avalado conservaría como fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2027.

Entre los temas pendientes está la reducción de 50 semanas por hijo, hasta un máximo de 150. El texto distingue esa medida de la reducción general para mujeres: en Colpensiones se exigen 1.250 semanas en 2026 y 1.225 en 2027.