El expresidente Álvaro Uribe deberá responder ante el Congreso: proceso por masacres en Antioquia será asumido por la Comisión de Acusaciones

El caso contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en masaques ocurridas en el departamento de Antioquia mientras se desempeñó como gobernador dio un nuevo giro, después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pidiera formalmente a la Fiscalía General de la Nación el traslado del proceso.

El expresidente y líder del Centro Democrático, enfrenta una indagatoria por su presunta relación con los hechos de violencia ocurridos en 1997 que incluyen al menos tres masacres y el asesinato de un defensor de los derechos humanos.

El documento enviado el 26 de agosto por el presidente de la comisión, Carlos Cuenca, solicita que el expediente pase del órgano judicial a la instancia parlamentaria. Esta petición se fundamenta en que la naturaleza de los delitos investigados —particularmente el concierto para delinquir agravado— habría continuado hasta 2003, periodo en el que Uribe ya ocupaba la presidencia de Colombia.

La controversia gira en torno al rol que le atribuyen a Uribe en la coordinación con grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro, que operaba en la Hacienda Guacharacas. El memorial presentado por la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, propuso que se resolviera un conflicto de competencia entre la Comisión y la Fiscalía Delegada Tercera ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, señala el oficio.

De acuerdo con el oficio, el 19 de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad el planteamiento de la colisión de competencia. Este paso busca que la Comisión asuma el conocimiento formal del caso, bajo el argumento de que los hechos investigados coinciden con el ejercicio presidencial de Uribe.

En caso de que la Fiscalía rechace la solicitud, el presidente de la Comisión pidió que el expediente sea remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional para resolver el conflicto, conforme a lo establecido en la Ley 600 de 2000 y la Constitución Política. De esta manera, la disputa institucional podría escalar hasta la máxima instancia constitucional del país.

“Atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”, señaló la comisión.

La solicitud de la Comisión surge pocos días después de que la Fiscalía reprogramara la indagatoria de Uribe para el 4 de septiembre de 2026. Hasta la mañana del miércoles, no se conocía la postura oficial de la fiscal general Luz Adriana Camargo frente a la petición.

El propio Uribe informó al país, a través de su cuenta en X, que había sido llamado a indagatoria por este proceso. El 23 de junio, el expresidente denunció: “La Fiscalía, en un tema sustancial como llamarme a indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”.

El caso encierra una pregunta clave: ¿quién debe juzgar a Uribe por los hechos de El Aro, la Justicia ordinaria o la Comisión de Acusación de la Cámara? La respuesta podría sentar un precedente para futuras investigaciones a exmandatarios por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.

De prosperar la competencia de la Comisión, todas las investigaciones sobre supuestas relaciones de Uribe con estructuras paramilitares durante su presidencia podrían seguir el mismo camino. El desenlace dependerá de la decisión de la Fiscalía y, eventualmente, de la Corte Constitucional.