Angie Rodríguez se opuso a elección de Cielo Rusinque como candidata del Pacto Histórico para magistrada del CNE: “Se desviaron los ideales políticos”

La reciente decisión del expresidente Gustavo Petro sobre escoger a la exministra de Comercio Cielo Rusinque como la candidata del Pacto Histórico para convertirse en posible magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta su primer obstáculo en el Congreso de la República.

De hecho, tras conocerse la confirmación, la entonces mano derecha del expresidente y ahora dura enemiga, la exgerente del Fondo Adaptación Angie Rodríguez, envió una carta a la Presidencia del Senado para frenar su elección, alegando que existe una denuncia penal en curso contra la también exsuperintendente de Industria y Comercio.

En su comunicación, Rodríguez informó que ella misma presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. La acusación involucra delitos como injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales.

“Ante la eventual elección de Cielo Rusinque como magistrada del Consejo Nacional Electoral, informo al país que existe una denuncia penal formal presentada por mi ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual figura como una de las personas denunciadas por presuntas conductas relacionadas con injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de Inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales”, señala el documento.

La exfuncionaria advirtió sobre la necesidad de que existan “todas las garantías” para esclarecer lo sucedido durante el gobierno de Gustavo Petro. Según Rodríguez, es fundamental determinar “hasta dónde llegó la degradación institucional” y si se desviaron los deberes públicos con el objetivo de favorecer intereses personales.

“Respeto la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero esos principios no pueden convertirse en una excusa para que el país no conozca la verdad. Se necesita todas las garantías para conocer qué ocurrió realmente, hasta dónde llegó la degradación institucional y si desde posiciones de poder se desviaron los ideales políticos y los deberes propios de la función pública con el propósito de congraciarse con una persona”, señaló Rodríguez.

En respuesta directa a la posible elección de Rusinque, Rodríguez expresó su preocupación por la posibilidad de que una persona sobre la que pesan “graves señalamientos” ocupe uno de los cargos más altos en la autoridad electoral.

La también exdirectora del Dapre calificó esa eventualidad como “profundamente revictimizante” mientras los hechos permanecen sin aclarar.

“La lealtad de un servidor público es con la Constitución y la ley, no con una persona, ni con liderazgos revestidos de infulas mesiánicas. Por eso, como denunciante y víctima, considero profundamente revictimizante que una persona sobre quien recaen estos graves señalamientos pueda llegar a una de las máximas autoridades electorales mientras los hechos continúan pendientes de esclarecimiento”, se lee en la carta.

Rodríguez aclaró que, aunque respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, esos principios no deberían impedir que el país conozca la verdad. Sostuvo que su petición no busca una condena anticipada, sino que se avance en la investigación y se escuche a las víctimas. Reclamó que ninguna posición de poder se transforme en un mecanismo de impunidad.

En el mismo oficio, la exdirectora solicitó al Congreso que considere la situación antes de votar por la designación de Rusinque. Para Rodríguez, los congresistas tienen la responsabilidad de no ignorar hechos que “el país tiene derecho a conocer”, y advirtió que sus decisiones podrían interpretarse como actos de tolerancia o encubrimiento político.

La exfuncionaria también reclamó que la Fiscalía actúe con “celeridad, independencia y rigor” frente a las denuncias. Destacó que, con la salida de Gustavo Petro de la Presidencia, espera que las investigaciones puedan avanzar sin interferencias políticas.

“El país tiene derecho a conocer la verdad. Toda la verdad. Incluso aquella que pueda revelar los niveles más bajos de degradación del poder. No estoy solicitando condenas anticipadas. Estoy exigiendo que se investigue, que las víctimas seamos escuchadas y que ninguna posición de poder pueda convertirse en un mecanismo de impunidad. Nadie está por encima de la Constitución y la ley. Nadie”, concluyó la exfuncionaria.