Exviceministro de Defensa fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de irregularidades en millonario contrato de helicópteros rusos

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas, por su presunta participación en una serie de irregularidades relacionadas con la adjudicación de un millonario contrato destinado al mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.

La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, celebrado entre el Ministerio de Defensa y una empresa estadounidense por un valor de 32 millones de dólares. El acuerdo tenía como propósito garantizar el mantenimiento de las aeronaves y el suministro de repuestos necesarios para mantener en operación esta flota militar.

De acuerdo con el ente investigador, los elementos materiales probatorios recopilados durante el proceso permitirían establecer que en la adjudicación del contrato se habrían presentado actuaciones dirigidas a beneficiar a una compañía que, presuntamente, no contaba con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para asumir las obligaciones pactadas.

¿Quiénes son los seis acusados?

Además de Luis Edmundo Suárez Soto, la Fiscalía señaló al particular Carlos Martín Uribe Forero y al contratista James Lester Montgomerie como presuntos participantes de la concertación que habría permitido que la empresa extranjera obtuviera el contrato.

La investigación también involucra a funcionarios que, para ese momento, ocupaban cargos dentro del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. Se trata de Hugo Alejandro Mora Tamaño, entonces secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, quien se desempeñaba como director de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; y el entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Según la hipótesis de la Fiscalía, estos funcionarios habrían tenido distintos niveles de participación en las actuaciones que terminaron con la adjudicación del contrato.

Uno de los principales aspectos de la investigación está relacionado con la manera en que se habría adelantado el proceso de contratación, pues la Fiscalía sostiene que los entonces funcionarios no habrían realizado un proceso abierto, sino que optaron por una contratación directa y posteriormente adelantaron una convocatoria dirigida.

De acuerdo con los elementos recopilados, durante el procedimiento se habrían flexibilizado requisitos habilitantes y ampliado los plazos para que fueran presentadas cotizaciones, circunstancias que, según la investigación, habrían terminado favoreciendo al oferente que finalmente obtuvo el contrato.

La Fiscalía también señala que se habrían realizado reuniones de estructuración orientadas a beneficiar al posible contratista y que, durante el proceso, se le habría permitido presentar información financiera y técnica que no correspondería con la realidad.

Estas actuaciones son relevantes dentro de la investigación debido a que el contrato comprometía una suma cercana a los 32 millones de dólares, recursos destinados a garantizar el mantenimiento de una flota de aeronaves de importancia estratégica para las operaciones del Ejército Nacional.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con las condiciones económicas establecidas para ejecutar el contrato.

Según la Fiscalía, durante el proceso se habría modificado la modalidad de pago para permitir un desembolso inicial de 16 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total del contrato, con el primer corte de ejecución.

Para el ente investigador, esta modificación habría favorecido al contratista y constituye uno de los elementos que deberán ser analizados durante las siguientes etapas del proceso judicial.

La Fiscalía considera que las actuaciones investigadas no se limitarían a posibles errores administrativos, sino que podrían configurar diferentes conductas delictivas relacionadas con la contratación pública, el manejo de recursos estatales y la actuación de servidores públicos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó el escrito de acusación contra los seis procesados, teniendo en cuenta el presunto papel que cada uno habría desempeñado en los hechos investigados.

La Fiscalía les atribuye, de acuerdo con su posible grado de intervención, delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

Ahora será la Judicatura la encargada de fijar la fecha y hora para la audiencia de acusación, escenario en el que se conocerán formalmente los detalles de la acusación y continuarán las diferentes etapas del proceso penal.