
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, informó que sostuvo un diálogo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, para deliberar sobre las objeciones al proyecto de ley que pretende impedir la reducción de requisitos para acceder a cargos en el sector público.
Este proyecto de ley, pensado desde el Centro Democrático para evitar cambios en los manuales de funciones de todas las entidades públicas con el fin de favorecer nombramientos de directivos y servidores que no sean idóneos para el cargo, sería una respuesta a los episodios en los que se presentó este fenómeno durante el gobierno Petro.
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Sin embargo, el 21 de agosto de 2026, Henríquez recibió una misiva de Presidencia de la República con una lista de objeciones “constitucionales” y por conveniencia.

Dicha situación causó malestar, incluso, en la rama de la derecha política ligada al uribismo. Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático que gestó e impulsó el proyecto de ley, aseguró que esa novedad le pareció “desconcertante”.
“Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad. Desconcertante”.
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Sin embargo, Henríquez, también ponente de la iniciativa, confirmó que la conversación con el ministro Lara permitió avanzar en la construcción de acuerdos para superar las diferencias y aclarar los puntos objetados por el Gobierno.
El proyecto de ley busca proteger el mérito y evitar que se flexibilicen los criterios de acceso a cargos directivos en entidades públicas. Henríquez expresó que la aprobación de la iniciativa garantizaría calidad, eficiencia y meritocracia en el servicio público.
“Resalto la disposición del ministro para construir consensos que nos permitan superar y aclarar las objeciones (...) Esperamos que pueda ser aprobado para garantizar calidad, eficiencia y meritocracia en el servicio público. Los consensos permiten superar las diferencias”, afirmó el presidente del Senado, que reiteró el compromiso de su partido con la defensa del mérito y la transparencia en el sector estatal.
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La discusión del proyecto continuará en el Congreso, donde se espera avanzar hacia una aprobación que refuerce los estándares de acceso a la función pública.
Senadores cuestionaron las objeciones del Gobierno
Senadores de la oposición cuestionaron las objeciones del Gobierno nacional al proyecto de ley que busca prohibir la reducción de requisitos para acceder a cargos públicos, calificándolas como “sin fundamento”. .
La Presidencia de la República envió una carta con objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia al Congreso, lo que generó críticas entre legisladores, especialmente del Centro Democrático.
La senadora María Clara Posada consideró “inadmisible” la oposición del Gobierno, recordando que la práctica de modificar requisitos fue denunciada durante la administración de Gustavo Petro por su impacto negativo en la capacidad técnica del Estado. Posada argumentó que exigir altos perfiles académicos y experiencia profesional no representa una medida elitista, sino que garantiza una gestión pública adecuada.
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Entre los puntos centrales de la objeción está la exigencia de un concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para disminuir requisitos en cargos directivos, punto que el Gobierno considera inconstitucional y que, según la senadora, no afecta competencias judiciales ni la naturaleza consultiva de esa instancia. Además, Posada defendió la potestad del Congreso para fijar parámetros sobre los cargos públicos y justificó la inhabilidad propuesta para funcionarios que alteren manuales de funciones con fines irregulares.
El senador Hernán Cadavid también rechazó los argumentos del Gobierno, señalando que el proyecto no limita la facultad del Ejecutivo para designar funcionarios, sino que exige cumplir con los criterios legales. Cadavid reiteró que la reforma busca impedir decisiones arbitrarias y privilegiar el mérito en la administración pública, postura que defenderá en las próximas discusiones legislativas.
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