El presidente De la Espriella respalda decisión de Elsa Noguera y exige revisión nacional de las fotomultas: “Ya está bueno de tantos abusos”

La instalación de nuevas cámaras de fotomultas en la Vía al Mar, que conecta Barranquilla con Cartagena, desató una ola de críticas y reacciones que llevó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a solicitar la suspensión de la entrada en operación de tres dispositivos adicionales.

La decisión se produjo tras denuncias ciudadanas y reclamos de gremios turísticos y empresariales por lo que consideran una proliferación excesiva de estos mecanismos en el corredor vial.

La ministra Noguera anunció en sus redes sociales: “Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas. Por eso, ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas, que se sumarían a las cuatro actuales”. Subrayó que la función de la fotodetección debe ser estrictamente preventiva y no recaudatoria: “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo. Priorizaremos soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control”.

El pronunciamiento se da luego de que usuarios de la vía y gremios como Cotelco manifestaran su inconformidad por el impacto de las cámaras en la movilidad y el turismo. Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en el Atlántico, advirtió: “Perjudica a los turistas que llegan a Barranquilla por tierra, porque el viaje será más demorado. Si ponen multa, la gente va a molestarse y va a evitar viajar, y eso sí nos va a perjudicar, porque parece que fueran a cazar multas. No es lógico ni justo”. Otros líderes empresariales reclamaron una política integral que combine pedagogía, señalización y control para no afectar la imagen del Atlántico como territorio turístico y de negocios.

En la Vía al Mar existen actualmente cuatro cámaras de velocidad: en la sede de la Universidad Sergio Arboleda, el puente de Puerto Colombia, el sector Olas Inn y cerca del complejo residencial Aguamarina Beach Resort. Las nuevas cámaras, ahora suspendidas, se ubicarían en la entrada de Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el Volcán del Totumo, en los límites de Atlántico y Bolívar. De acuerdo con el Instituto de Tránsito del Atlántico, la instalación responde a estudios técnicos sobre accidentalidad y flujo vehicular; sin embargo, las cifras muestran que las víctimas por siniestros viales en el Atlántico aumentaron 20 % entre 2024 y 2025.

El director del Instituto de Tránsito, Carlos Mafio Granados, defendió la medida señalando que “no colocamos cámaras por colocar. Todas las cámaras las instalamos bajo un estudio riguroso. Primero se tiene en cuenta la accidentalidad del departamento, los puntos donde más se presentan accidentes y, además, se trabaja conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. Añadió que la autoridad está facultada para establecer restricciones de velocidad puntuales cuando las condiciones de seguridad lo requieren.

Pese a estos argumentos técnicos, la molestia ciudadana se ha incrementado por la percepción de que la fotodetección se ha transformado en un sistema recaudatorio y no preventivo. La ministra de Transporte enfatizó en un comunicado oficial: “La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”.

El presidente Abelardo de la Espriella apoyó instrucción de MinTransporte sobre revisión de fotomultas

La suspensión de las nuevas cámaras fue celebrada por distintos sectores, incluido el presidente Abelardo de la Espriella, quien publicó: “Ministra @elsanoguerabaq, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”. El mandatario insistió: “Donde haya irregularFidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia. No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”.

La controversia trascendió el ámbito regional y fue abordada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien afirmó: “En todo el país, incluyendo particularmente a Bogotá, muchas cámaras de fotomultas están diseñadas para convertirse en meras trampas para esquilmar el bolsillo de los ciudadanos. Ya era hora de que llegara un gobierno a ponerle freno a estos abusos”.

Mientras tanto, los gremios económicos y turísticos piden que cualquier medida de control vial esté respaldada por señalización clara, campañas pedagógicas y criterios técnicos transparentes. Zandra López, del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, solicitó: “Barranquilla y el Atlántico quieren consolidarse como territorios turísticos, comerciales, empresariales y de eventos. Por ello, debemos procurar que quienes llegan por carretera encuentren un territorio seguro, organizado y amigable, y no que su primera experiencia sea recibir una sanción de tránsito”.

La discusión sobre el papel, la legalidad y el alcance de las fotomultas en Colombia está lejos de resolverse. La decisión de Elsa Noguera de frenar temporalmente la instalación de nuevas cámaras en la Vía al Mar marca un precedente y abre la puerta a una revisión integral del sistema nacional, como han exigido tanto autoridades como líderes sociales y empresariales. El reto será encontrar el equilibrio entre la seguridad vial, la transparencia institucional y la protección de los derechos de los ciudadanos.