La JEP le pidió al Gobierno convocar una reunión para dialogar sobre la ejecución de sanciones por secuestro y falsos positivos

El presidente de la JEP Alejandro Ramelli le pidió al ministro de Justicia Iván Cancino convocar una reunión para asegurar el cumplimiento de las sentencias restaurativas por secuestros y falsos positivos, con el argumento de que sin coordinación del Gobierno nacional y recursos para los proyectos asociados las condenas pueden quedar sin ejecución material.

La Instancia de Articulación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas acumula desde 2022 un trabajo de 10 sesiones ordinarias, 3 extraordinarias y 110 reuniones de mesas técnicas.

Esa estructura es la que la jurisdicción considera necesaria para dar viabilidad técnica, financiera, operativa y restaurativa a las sanciones ya emitidas y a otras que el tribunal prepara.

En la carta, Ramelli recordó que las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019 tienen una doble naturaleza: restaurativa y restrictiva de derechos.

Añadió que, aunque los jueces transicionales imponen las condenas, su materialización efectiva mediante proyectos viables y financiados es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.

El magistrado sostuvo que existe una corresponsabilidad en la labor sancionatoria entre la jurisdicción, que investiga e impone sanciones, y el Gobierno, que debe garantizar su cumplimiento.

En esa línea, señaló que la Instancia de Articulación (Insart) funciona como sistema operativo de coordinación entre las entidades del Ejecutivo encargadas de crear las condiciones materiales para ejecutar las condenas por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

En la carta se afirma que esa coordinación permitió rastrear la oferta pública institucional gestionada desde el Departamento Nacional de Planeación y por entidades nacionales, departamentales y locales.

Ese trabajo identificó casi un centenar de proyectos en distintos niveles del Estado que podrían tener vocación restaurativa durante el plazo razonable de ocho años previsto para las sanciones.

En el documento se agrega que la instancia también ha servido para mapear y asegurar la capacidad financiera de las entidades involucradas en la puesta en marcha de los proyectos restaurativos ligados a sanciones ya emitidas o próximas a emitirse. Además, impulsó la aprobación del Decreto 652 de 2026, que fija condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad social y asegurabilidad para ejecutar esas medidas.

Ramelli advirtió al ministro que las normas previstas en ese decreto dependen de la creación de protocolos entre varias entidades, tarea que, según la carta, requiere coordinación desde la Insart.

También destacó el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.

La solicitud al Ministerio de Justicia también buscó poner al tanto a los funcionarios del nuevo Gobierno sobre los avances alcanzados y los retos inmediatos para cumplir las sentencias ya emitidas por la jurisdicción. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz pidió mantener la regularidad de las sesiones ordinarias y de las mesas técnicas de la instancia.

En el texto Ramelli sostuvo: “Sin el trabajo concertado entre el Gobierno nacional y la magistratura no habría proyectos restaurativos viables por lo que sería imposible hacer efectivas las condenas, poniéndose en riesgo la definición de la situación jurídica de los militares y antiguos miembros de la Farc ya condenados o por ser condenados, frustrándose, además, los anhelos restaurativos de miles de víctimas que han participado y confiado en el proceso transicional”.

La JEP también pidió que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND)se prevea la continuidad de ese modelo de corresponsabilidad institucional y el funcionamiento de la Insart.

En síntesis, lo que le pide la JEP al Ministerio de Justicia es que el Estado debe asignar los recursos que garanticen los proyectos vinculados a las sentencias restaurativas impuestas a quienes reconocieron toda su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado por las extintas Farc y por exintegrantes de la Fuerza Pública.