Polémica en Colombia, decreto 2708 desmantela medidas laborales implementadas por Petro - crédito @AntonioSanguino/X
El escenario laboral colombiano enfrenta una nueva controversia tras las declaraciones del exministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien denunció en un video difundido por la red social X que el actual Ministerio del Trabajo, bajo la gestión de Abelardo de la Espriella y de la ministra Natalia López Fuentes, promueve una agenda antiderechos y antitrabajadores.
La crítica surge después de la expedición del decreto 2708, que, según Sanguino, deroga 11 circulares y medidas implementadas en el gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la protección de los derechos laborales.
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De acuerdo con el exministro, la nueva administración busca eliminar herramientas clave que resguardan la libertad sindical, la negociación colectiva y la vigilancia sobre la jornada laboral y el pago de horas extras.
En su intervención, Antonio Sanguino alertó que la reciente normativa afecta instrumentos destinados a “vigilar las jornadas laborales y el pago justo de las horas extras, garantía para la estabilidad laboral reforzada y el debido proceso”.

Según describió el exfuncionario, la decisión también perjudica la protección de los trabajadores de plataformas digitales y de las trabajadoras domésticas.
El video, ampliamente compartido entre organizaciones sindicales y colectivos laborales, enfatizó que el decreto “pretende poner fin a 11 circulares y medidas adoptadas por el gobierno del presidente Petro en materia de protección de derechos laborales”.
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Según Sanguino, una de las circulares eliminadas respondía a una orden constitucional que obliga a proteger a los trabajadores, especialmente a las empleadas domésticas frente a abusos de sus empleadores.
“Incluso eliminan una circular expedida en cumplimiento de una orden constitucional que obliga a proteger trabajadores en general, en particular a las trabajadoras domésticas frente a abusos de sus patrones”, aseguró el exministro Antonio Sanguino en su mensaje.
El Ministerio del Trabajo justificó la decisión señalando que las medidas anteriores excedían las competencias legales de la cartera. Sin embargo, Sanguino rechazó esa interpretación y sostuvo que “la Constitución, la ley 489 y la jurisprudencia del Consejo de Estado facultan al Ministerio para orientar e interpretar la aplicación de la ley”.
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Para el exministro Antonio Sanguino, el desmonte de estas herramientas de protección representa una alerta sobre futuras acciones que podrían afectar la reforma laboral o el salario vital, pilares fundamentales para la dignidad de millones de personas trabajadoras en Colombia.
El impacto del decreto 2708 ha generado inquietud en sectores sindicales y defensores de derechos laborales, quienes temen una reducción de las garantías históricamente conquistadas por los trabajadores.
La eliminación de mecanismos de inspección y vigilancia laboral es vista como una señal de debilitamiento en la capacidad estatal para proteger la estabilidad y los derechos en el mundo del trabajo.
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El contexto de esta decisión ministerial se enmarca en una serie de cambios impulsados desde el relevo gubernamental. Durante la administración del exjefe de Estado Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo promovió políticas orientadas a reforzar la inspección laboral, la reducción de la jornada sin afectar el salario y el fortalecimiento de la negociación colectiva.
La nueva gestión, en contraste, sustenta su posición en un enfoque de revisión y supresión de medidas consideradas excedentes o improcedentes.
En palabras de Sanguino, “este desmonte de herramientas de protección es una alerta, porque seguramente querrán venir por la reforma laboral o por el salario vital, que significa venir por la dignidad de millones de personas trabajadoras de Colombia”.
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El exministro hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los sindicatos para estar atentos ante lo que denominó como un avance de la “ultraderecha” en la agenda laboral.
El debate se centra en determinar si la derogación de las circulares responde a un criterio técnico o si responde a una orientación política que podría limitar derechos fundamentales.
El futuro inmediato de la reforma laboral y la protección del salario vital permanece en el centro de la agenda pública. La sociedad civil, sindicatos y actores políticos piden transparencia y diálogo ante una coyuntura que, según Sanguino, “viene por tus derechos”.
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