Corte Constitucional revisará decreto de emergencia por terremoto: Juan Carlos Cortés será ponente

La Corte Constitucional ya tiene magistrado ponente para estudiar el decreto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Por sorteo, el expediente quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá preparar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el decreto fue identificado como el 1261 del 19 de agosto de 2026 y declara la emergencia por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Con la asignación del ponente, empieza formalmente el estudio en el alto tribunal.

El texto fue remitido a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, por el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González. A partir de ese envío, el tribunal debe revisar si el Gobierno cumplió los requisitos constitucionales para acudir a facultades extraordinarias frente a la magnitud de la emergencia.

Primer decreto de emergencia del Gobierno De la Espriella

Este será el primer decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella que llega a examen constitucional. La revisión quedará a cargo de Cortés, después de que otros magistrados estudiaran decretos de emergencia expedidos por gobiernos anteriores, como los asignados a Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis.

El Decreto 1261 declara el estado de emergencia en 15 departamentos de Colombia por un término de 30 días calendario. La medida cobija a los municipios que registraron daños por el desastre o aquellos donde se demuestre una afectación concreta y directa derivada del terremoto.

El papel del magistrado ponente será elaborar un proyecto de decisión para que la Sala Plena determine si la declaratoria cumple con las exigencias de la Constitución. Esto incluye revisar la gravedad de los hechos, la relación entre la emergencia y las medidas anunciadas, y la necesidad de acudir a poderes excepcionales para responder a la calamidad.

La decisión de la Corte será clave porque definirá si el Gobierno puede mantener el marco jurídico especial que busca usar para atender la tragedia. Ese examen no se limita a verificar la existencia del terremoto, sino a establecer si las herramientas adoptadas se ajustan a los límites constitucionales.

Gobierno busca recursos y alivios para atender la emergencia

El Ejecutivo sostiene que las medidas ordinarias no son suficientes para responder a la magnitud del desastre. Según la explicación oficial, el país enfrenta dificultades económicas y un margen presupuestal reducido, lo que obligaría a usar facultades especiales para actuar con mayor rapidez.

Entre las acciones que el Gobierno busca habilitar están cambios urgentes al presupuesto, consecución de recursos adicionales y alivios tributarios destinados exclusivamente a atender la emergencia. Estas decisiones tendrían como propósito financiar atención humanitaria, reconstrucción, recuperación de infraestructura y apoyo a las zonas afectadas.

La declaratoria también permitiría tomar medidas excepcionales para responder a daños en municipios golpeados por el sismo, siempre dentro del periodo autorizado de 30 días y bajo el control posterior de la Corte Constitucional.

El examen del tribunal será determinante para el alcance de la respuesta institucional. Si la Corte avala el decreto, el Gobierno podrá avanzar con las herramientas extraordinarias previstas. Si encuentra reparos, podría limitar o tumbar la declaratoria, lo que obligaría al Ejecutivo a ajustar su estrategia.

Por ahora, el proceso queda en manos del magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá estudiar el decreto, valorar sus fundamentos y presentar una ponencia. La Corte tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la emergencia económica decretada tras el terremoto que afectó a varias regiones del país.