
La aparición de un helicóptero en el helipuerto de la Casa de Nariño desató un debate que, según se pudo apreciar en sectores de oposición, se enfocó en la presunta incoherencia entre las promesas de austeridad del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el uso de estas aeronaves.
Según esos señalamientos, tras las críticas a exfuncionarios como la exvicepresidenta Francia Márquez por recurrir a helicópteros, se pasó a normalizar esos desplazamientos.
Frente a la polémica causada, el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, que hace parte del Pacto Histórico y es hijo del expresidente de Coljuegos, de nombre homónimo, radicó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con el fin de exigir información sobre los costos, criterios y beneficiarios de estos desplazamientos, lo que encendió el debate sobre la utilización de recursos estatales.
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En efecto, el congresista remitió su comunicación, además, al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la que pidió información precisa sobre los desplazamientos en helicóptero del presidente Abelardo de la Espriella. “El propósito de esta solicitud es contar con información oficial, completa, verificable y desagregada que permita ejercer adecuadamente el control político sobre el uso de los recursos públicos”, indicó.

Entre los puntos requeridos figuran la relación completa de vuelos, presupuestos asociados, justificación de los traslados, identidad de los acompañantes no oficiales y criterios de necesidad y austeridad; con la claridad que la solicitud excluya lo que sean considerado datos sensibles de seguridad, con el ánimo de que no se comprometa la integridad del mandatario ni de su círculo cercano; pero sí que se brnden claridades sobre los viajes efectuados.
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Las peticiones de congresista del Pacto Histórico al Dapre tras polémica con helicóptero
En la misiva, Hincapié exigió detalles sobre los elementos que componen el uso de esta aeronave. “Solicito discriminar: costo del combustible, operación de la aeronave, mantenimiento, tripulación, viáticos, tasas aeroportuarias, derechos de aterrizaje y demás servicios conexos”, indicó el representante tolimense, que protagoniza su primer periodo en el legislativo, pero ha ocupado otros cargos de elección popular.
En su solicitud, Hincapié también pidió explicar las metodologías de cálculo en caso de que no sea posible individualizar algún costo y enfatizó la importancia de conocer “el costo total acumulado de los desplazamientos presidenciales realizados en helicóptero desde el 7 de agosto de 2026 hasta la fecha de corte de la información”, así como el número de horas de vuelo, el costo promedio por hora y por desplazamiento.
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Respecto a los acompañantes, solicitó la lista de personas transportadas que no sean funcionarios o miembros de la fuera pública, en la que se detalle su vínculo y la justificación legal de su presencia. “Se requiere precisar la calidad o vínculo (familiar, contratista, invitado especial o particular) de cada acompañante y el fundamento jurídico o reglamentario que facultó su transporte con cargo a los recursos del erario”, se precisó en el documento.
La controversia tomó fuerza tras la difusión de imágenes que mostraron un helicóptero oficial en la sede gubernamental, presuntamente asignado para los traslados del presidente De la Espriella. Frente a esto, sectores afines al Gobierno defendieron la medida con el argumento de que responde a estrictas razones de seguridad, para evitar los riesgos de seguridad que implicarían los traslados terrestres para el primer mandatario.
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No obstante, críticos como Hincapié han reiterado el elevado costo de cada vuelo, estimado en 120 millones de pesos por desplazamiento. Así pues, la cifra causó cuestionamientos sobre la eficiencia y austeridad del gasto público; más aún cuando el vicepresidente José Manuel Restrepo expresó que “no se montaría en helicóptero” como señal de distancia frente a políticas de la administración anterior; en especial de su antecesora, Márquez.
En el cierre del documento, Hincapié exhortó a las entidades responsables a responder de manera “clara, precisa, completa y verificable” cada uno de los interrogantes, y que se coordinen sus actuaciones para evitar respuestas parciales que dificulten el control político. Con esto, el congresista indicó que, en caso de que alguna información esté sujeta a reserva legal, se explique la norma aplicable y se entregue una versión pública.
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