Proponen crear una comisión accidental para vigilar los decretos que emita el Gobierno por la emergencia económica: “Son más de $30 billones”

Por medio del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Esto, debido al terremoto de 7,4 de magnitud que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 15 departamentos y 476 municipios del país resultaron afectados por el sismo. Además, 282.709 personas fueron impactadas negativamente por el movimiento telúrico.

La devastación del terremoto también se evidencia en las cifras de muertos: ya hay 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas. Además, se reportan 163.492 viviendas averiadas y 31.461 destruidas, a las que se suman 5.809 edificios dañados y 302 destruidos.

En una rueda de prensa, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que el Estado no cuenta con las herramientas suficientes para hacer frente a la situación, por lo cual se requiere de una declaratoria de emergencia. “Este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, dijo el jefe de Estado.

A esto se suma el hecho de que el país enfrenta una crisis económica que, según indicó en su momento el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es la “más grave” de la historia del país.

Ante este escenario que enfrenta el país y la medida que adoptó el Gobierno de De la Espriella para responder a la situación, el senador Luis Carlos Rúa (del partido Alianza Social Independiente (ASI), conocido como Elefante Blanco, radicó ante la mesa directiva del Senado de la República una proposición para que se cree una comisión accidental que se encargue de hacer seguimiento a las normativas expedidas por el Gobierno nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia económica.

De acuerdo con el congresista, es necesario vigilar los recursos que se utilizarán para atender a las personas afectadas por el terremoto y para la reconstrucción de los territorios que presentan daños estructurales y destrucción de edificaciones. En ese sentido, la comisión accidental verificará los decretos derivados del mecanismo legal de excepción y el manejo del dinero y expondrá a la población los resultados de las indagaciones que adelante.

“Son más de $30 billones que hay que vigilar y la idea es precisamente cuidar que las destinaciones que tengan las distintas órdenes que allí se presenten estén acordes a la Constitución, a la ley, y que lleguen precisamente a los destinos para los cuales se pretende y se requiere en este momento, tanto en Chocó, Valle del Cauca como en el Eje Cafetero”, precisó el legislador.

Cabe resaltar que la declaratoria cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, así como a los municipios identificados por la Ungrd y de otras zonas en donde se acrediten afectaciones derivadas del sismo.

Así las cosas, el senador advirtió que ante cualquier irregularidad que llegue a presentarse en la atención de las víctimas, se recurrirá a las entidades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

“En caso de encontrar cualquier hallazgo, vamos a utilizar los entes de control para que ayuden y concurran en la vigilancia de los recursos, así también como las demandas a que diera lugar. Desde esta curul estamos presentes y pendientes para cuidar los recursos públicos como tiene que ser”, detalló.

La proposición presentada por el congresista podría ser discutida y aprobada en la plenaria del Senado la próxima semana.