Presuntos asesinos de un dragoneante del Inpec en Itagüí fueron enviados a prisión

La violencia en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tiene en alerta a las autoridades en el territorio nacional, puesto que varios de los uniformados son atacados por bandas delincuenciales como represalia por su trabajo.

En medio de las acciones de la justicia por evitar que más funcionarios continúen viéndose afectados por la violencia, un juez de control de garantías de Medellín, Antioquia, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón.

Los judicializados fueron señalados como presuntos responsables del homicidio del dragoneante del Inpec Wilber Ferney Martínez Sana, en un hecho que se presentó el 13 de agosto de 2026 en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, la decisión judicial implica que los procesados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el juicio.

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado.

Detalles de la ejecución del homicidio

La versión de la Fiscalía indica lo siguiente: “Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres llegaron en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, y habrían perpetrado el crimen con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza”, es decir, que tenía un silenciador artesanal, según el ente investigador.

Posteriormente, se indicó que Patiño Garzón, quien habría conducido el taxi para facilitar la huida, escapó junto al presunto autor material hacia Medellín.

Minutos después del crimen, agentes de la Policía Nacional interceptaron el taxi en el barrio Guayabal, en Medellín. De acuerdo con el medio local Alerta Paisa, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó: “El seguimiento en tiempo real permitió interceptar el taxi a la altura del CAI Guayabal. En el lugar, las unidades policiales capturaron a los dos ocupantes del vehículo y les incautaron el arma de fuego con la que presuntamente se cometió el crimen”.

Los agentes que se encargaron del caso no solo realizaron la respectiva investigación y traslado del cuerpo, sino que llevaron a cabo la revisión de las cámaras de seguridad del sector para reconfirmar los hechos.

Hipótesis sobre el crimen y respuesta del sector penitenciario

Alerta Paisa también citó a Jimmy Suárez, presidente nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), que sugirió que el asesinato podría estar relacionado con una retaliación tras el reciente traslado de cabecillas de bandas criminales vinculadas a la mesa de Paz Urbana de la administración saliente.

Tras el hecho, el sector sindical penitenciario solicitó al Ministerio de Justicia y al Gobierno Nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, la implementación de esquemas de seguridad reforzados para los custodios en todo el país.

Mientras tanto, la Fiscalía y los cuerpos de inteligencia continúan las pesquisas para esclarecer la autoría intelectual del crimen.

En ocasiones anteriores, el sindicato rechazó el reciente crimen contra el servidor penitenciario y advirtió sobre una situación de seguridad grave en el sistema carcelario.

La organización ha reiterado en distintas oportunidades que decenas de funcionarios han sido víctimas de atentados y homicidios en los últimos años, lo que ha llevado a exigir la implementación de una estrategia nacional de protección.

Así también se indicó que los ataques en contra de los trabajadores son ejemplo de las graves condiciones de seguridad a las que están expuestos los miembros del sistema carcelario, por lo que solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales para garantizar su protección.