Ministerio de Agricultura aseguró que el gobierno Petro dejó una nómina paralela de miles de personas en esa cartera: le costaría un billón de pesos a la Nación

El Ministerio de Agricultura encendió la polémica al revelar que el gobierno anterior, comandado por el expresidente Gustavo Petro, dejó una nómina de contratistas que costará cerca de un billón de pesos.

Según datos oficiales compartidos por la cartera, la nómina de contratistas heredada suma más de 18.000 contratos y representa obligaciones por aproximadamente 1,02 billones de pesos, distribuidos entre varias entidades clave del sector agrícola.

Este anuncio se produce en un contexto de emergencia, tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a quince departamentos y dejó miles de familias damnificadas.

El balance presentado por el Ministerio de Agricultura, respaldado por un documento interno que detalla el consolidado de órdenes de prestación de servicios, evidencia cómo se reparte actualmente el grueso de la contratación.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabeza la lista con 9.281 contratos, por un valor de 451.000 millones de pesos. Le sigue el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que suma 3.056 contratistas y compromete 153.008 millones de pesos. En tercer lugar, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reporta 2.585 contratos que equivalen a 168.311 millones de pesos.

Otras entidades con cifras relevantes son la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con 1.971 contratos que suman 113.000 millones de pesos; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con 740 contratos y 73.000 millones de pesos; la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), con 412 contratos y 41.547 millones de pesos; y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que reporta 322 contratos y 29.992 millones de pesos. El consolidado general alcanza los 18.310 contratos y un valor superior a 1,02 billones de pesos.

La publicación oficial del Ministerio en su cuenta de X calificó la situación como “la foto del derroche”, y denunció que parte considerable del presupuesto público se destinó a burocracia, justo cuando miles de familias en zonas rurales esperan soluciones urgentes tras el desastre natural.

“Mientras se gastan recursos públicos en burocracia y contratación, miles de familias de 15 departamentos afectados por el terremoto enfrentan la destrucción de sus viviendas y esperan soluciones.La pregunta es inevitable: ¿cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?“, señaló el ministerio.

La revelación del monto y la distribución de los contratos generó críticas hacia las prioridades presupuestarias de la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro. Según el Ministerio, la exministra Marta Carvajalino dejó al nuevo titular, Indalecio Dangond, una estructura de contratistas que compromete recursos hasta diciembre y limita la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante emergencias.

“El despilfarro de los recursos públicos y la politiquería del Gobierno de Gustavo Petro. La nómina de contratistas que la exministra de Agricultura Marta Carvajalino dejó al ministro entrante, Indalecio Dangond, supera los 18.000 contratistas, con compromisos que llegarían hasta diciembre por cerca de $1 billón”, señaló la cartera.

El Ministerio insistió en que el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de revisar estos compromisos y “poner la casa en orden”, con el objetivo de canalizar cada peso público hacia el campo y las familias que realmente lo necesitan.

De acuerdo con el balance presupuestal, la suma total de los contratos no solo representa una carga financiera significativa, sino que plantea interrogantes sobre la eficiencia y el destino final de los recursos estatales. La cartera enfatizó que la magnitud de la nómina heredada dificulta la atención prioritaria que exigen las comunidades rurales en medio de la crisis provocada por el sismo.

El tema ha avivado el debate nacional sobre el manejo de los recursos públicos y la necesidad de transparencia en los procesos de contratación estatal. Diversos sectores sociales y políticos han demandado que el gobierno entrante establezca criterios más rigurosos de austeridad y focalización presupuestaria, especialmente en el contexto de una catástrofe que dejó a miles de personas sin hogar.

“El nuevo Gobierno tiene el deber de poner la casa en orden, acabar con el despilfarro y devolver cada peso público a donde realmente se necesita: al campo, a los campesinos y a las familias colombianas”, concluyó la entidad.