La Procuraduría General de la Nación pidió a Nueva EPS destinar a la atención de sus afiliados y a la respuesta del sistema de salud frente a la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto los $203.356 millones que quedaron disponibles tras el levantamiento de medidas cautelares sobre recursos de la entidad.
El monto exacto corresponde a $203.356.250.904, dineros pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que permanecían retenidos dentro del proceso ejecutivo 2023-484, tramitado ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
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La decisión judicial permitió dejar sin efecto los embargos y liberar los recursos para su utilización dentro del sistema.
El Ministerio Público señaló que el agente especial interventor de Nueva EPS deberá administrar la suma de manera “efectiva, oportuna y transparente”, con especial atención a las necesidades de los usuarios y a las condiciones generadas por la emergencia social y económica derivada del sismo.
De acuerdo con la Procuraduría, el propósito es que los recursos se traduzcan en una mejora concreta de la prestación de los servicios de salud, incluyendo el acceso oportuno a consultas, procedimientos, tratamientos y medicamentos.
La entidad de control también advirtió que se debe garantizar la continuidad de la atención para los pacientes cuyos tratamientos no pueden ser suspendidos.
Suspensión de 40 procesos permitió liberar los recursos
La medida judicial fue adoptada luego de las actuaciones adelantadas por la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social de la Procuraduría, que solicitó al despacho judicial proteger los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.
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En el marco de esta actuación fueron suspendidos 40 procesos ejecutivos que se encontraban en trámite en Bogotá.
La intervención del Ministerio Público buscó evitar que recursos con destinación específica fueran afectados por medidas cautelares que, según la entidad, podían comprometer la capacidad financiera de Nueva EPS para cumplir con sus obligaciones dentro del sistema.
La Procuraduría sostuvo que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuentan con una protección constitucional y legal especial. Por ello, insistió en que deben permanecer destinados a garantizar la prestación de los servicios y no pueden ser utilizados para fines distintos a los establecidos por la normativa.
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La actuación se desarrolla mientras Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa y enfrenta dificultades financieras y operativas que han generado preocupación por la continuidad de la atención a sus afiliados.
Recursos también serán utilizados frente a la emergencia
La Procuraduría relacionó la liberación de los más de $203.000 millones con las necesidades adicionales de atención generadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que afectó diferentes regiones del país y dejó miles de personas afectadas.
Tras el sismo de magnitud 7,4, Nueva EPS activó un plan de contingencia para mantener la prestación de los servicios en las zonas afectadas. En ese escenario, la disponibilidad de los recursos representa una herramienta financiera para atender las necesidades extraordinarias provocadas por la emergencia, sin descuidar la atención habitual de sus usuarios.
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El llamado del Ministerio Público incluye, por tanto, tanto la respuesta a la emergencia como el fortalecimiento de la operación ordinaria de la entidad.
La Procuraduría anunció además que realizará seguimiento al manejo de los recursos para verificar que sean utilizados conforme a su destinación y que lleguen efectivamente a los afiliados.
La actuación ante el juzgado también estuvo sustentada en la Circular 004 del 2 de marzo de 2026, expedida por el procurador general y dirigida a jueces de la República y organismos del sector salud.
El documento establece lineamientos relacionados con la protección de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud frente a medidas de embargo.
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó además tener en cuenta precedentes de las Altas Cortes y del Tribunal Superior de Bogotá relacionados con la protección de los recursos destinados a la salud, particularmente en casos en los que una EPS se encuentra sometida a intervención forzosa.
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El argumento central es que la afectación de estos dineros mediante embargos puede comprometer el pago a hospitales, clínicas, proveedores y demás prestadores, con un eventual impacto sobre los usuarios.
Nueva EPS ya había advertido sobre esta situación y había señalado que los embargos sobre recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación podían dificultar el cumplimiento de sus obligaciones con los prestadores y afectar la atención de sus afiliados.
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