Millonaria disputa entre dos firmas internacionales podría dejar sin internet a la Fiscalía, la Policía y al departamento de Chocó en plena emergencia por el terremoto

La disputa entre Andean Tower Partners (ATP) y TV Azteca por una deuda cercana a USD 6 millones amenaza con afectar desde el sábado 22 de agosto la continuidad del servicio de internet que utilizan al menos 14 entidades clave de Colombia, en un conflicto que alcanza a la infraestructura del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y que incluso compromete regiones sensibles como Chocó, hoy bajo emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

La dimensión del riesgo va más allá del desacuerdo comercial. Según El Tiempo, la red involucrada supera los 32.000 kilómetros, llega a 788 municipios y conecta cerca de 2.000 instituciones públicas en 27 departamentos, de acuerdo con datos oficiales citados por el diario.

Entre los organismos que podrían verse afectados figuran la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional, el Dane, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, la Agencia Nacional de Tierras, Invías, la Registraduría Nacional, Medicina Legal y el Banco Agrario. El alcance también incluye instituciones educativas y de salud.

Según reportó el medio citado, el punto central del conflicto es el arrendamiento de 419 torres de telecomunicaciones, consideradas infraestructura crítica para la operación de la red.

De acuerdo con una carta enviada el 18 de agosto al viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) Camilo Carrascal Vergel por José Armando Montes de Peralta, representante legal suplente de TV Azteca Sucursal Colombia, el problema surgió por incumplimientos en esos pagos.

La publicación detalló que la deuda está vigente desde febrero de 2026 y llevó a ATP a notificar la terminación de los contratos de arrendamiento con TV Azteca y Total Play. La medida impacta de forma directa la operación de la red en varias regiones del país.

ATP informó que esa terminación fue notificada el 24 de julio y la atribuyó a “graves incumplimientos reiterados y no subsanados”. La empresa de infraestructura señaló que la compañía mexicana cuenta con 30 días para retirar sus equipos de los sitios arrendados.

Según la empresa, las obligaciones vencidas ascienden a aproximadamente $10.336 millones, a lo que se suman intereses de mora cercanos a $567 millones. ATP sostuvo además que mantuvo disponible la infraestructura y asumió los costos operativos durante más de cinco meses sin recibir contraprestación económica.

La decisión ya tiene una excepción territorial. En respuesta a la emergencia por el terremoto, la firma informó que extendió hasta octubre de 2026 el plazo de desconexión para los sitios ubicados en las zonas afectadas, mientras que en los territorios no impactados la terminación de los contratos sigue en pie.

TV Azteca llevó el caso a la Fiscalía y pidió intervención del MinTIC

La controversia escaló al ámbito penal con una denuncia presentada por Fabio Humar, apoderado de TV Azteca, ante la Fiscalía. El abogado pidió investigar si en este caso podrían configurarse delitos como extorsión agravada u obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, Humar sostuvo: “No hay duda que entre las partes hay una disputa de índole comercial, que se debe resolver conforme a lo pactado en el contrato suscrito y ejecutado, pero amenazar con el uso de acciones por fuera del ordenamiento legal, que están más cerca del constreñimiento, no puede ser permitido, mucho menos en momentos en que el país no puede, por ningún motivo, perder conectividad”.

Desde ATP, Saira Ballesteros, representante legal de la compañía, confirmó la decisión de suspender el alquiler de los puntos y anunció una comunicación oficial con el detalle de la deuda y las razones de la terminación contractual.

También pidió acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para reducir el impacto sobre las comunidades beneficiarias.

Ballesteros dijo al diario que “no es una deuda que venga de hace pocos meses”. La empresa agregó que notificó de manera preventiva a las autoridades para que adopten medidas frente al riesgo de afectaciones operativas en municipios, zonas rurales e instituciones públicas que dependen de la red operada por Azteca.

El antecedente más cercano expone la fragilidad de esa infraestructura. En 2022, un corte en la red de fibra de Azteca dejó sin conectividad a 16 municipios de Chocó.

Pese a la gravedad del conflicto, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica no ha sido suspendido ni cancelado. El contrato con el Estado colombiano sigue vigente y el operador conserva la obligación de prestar el servicio de transporte sobre la red desplegada y los nodos de acceso para los proveedores de redes y servicios.