Gustavo Petro reaccionó a las duras críticas de Abelardo de la Espriella y dijo cómo dejó a Colpensiones, la Dian, el FNA y la deuda de Colombia

El expresidente Gustavo Petro se refirió a varios temas económicos actuales de Colombia. Por medio de X, respondió a las acusaciones del presidente Abelardo de la Espriella con un documento firmado por el exministro de Hacienda Germán Ávila y al equipo económico denominado “Gabinete por la Vida”. Entre otras cosas, dijo el déficit fiscal que entregó su gobierno es de 5,3% para 2026, defendió la evolución de la deuda pública y rechazó cuestionamientos sobre Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Petro escribió que “el viernes comienza a trabajar el gabinete por la Vida. Ser gobierno e impedir la desinformación del pueblo colombiano con los datos reales y la defensa del gobierno del cambio”.

La controversia se debe a las críticas de De la Espriella, que calificó la situación fiscal heredada como “apocalíptica y alarmante”. Según sus señalamientos, el déficit fiscal llegó a 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y el endeudamiento alcanzó 61% del PIB.

Disputa por el déficit y la deuda pública

El documento difundido por Petro afirmó que su gobierno recibió una deuda con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc) de $80 billones. Según el texto, esa carga equivalía a 4,3% adicional de déficit y llevaba el déficit real a 9,6%.

También indicó que “recibió una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD5.800 millones, contratada en la pandemia del covid-19 de 2020 y con vencimientos en 2024 y 2025. Precisó que esa obligación equivalía a $23,1 billones y que ya fue cancelada”.

Según la respuesta, el déficit que entregó es de 5,3% para 2026. También señaló que la deuda neta del Gobierno Nacional Central era de 33,2% del PIB en 2012, subió a 61,0% en 2020, pasó a 58,5% en 2025 y cerrará en 57,9% del PIB en 2026. Añadió que “es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del cambio”. También aseguró que esa deuda se estabilizó y se redujo como proporción del PIB.

También sostuvo que las operaciones de manejo de deuda permitieron mantener la caja del Gobierno nacional central hasta diciembre de 2026. Culpó el déficit actual a las inflexibilidades del gasto público, que ubicó en 93,7%, y a decisiones judiciales y legislativas en el Congreso que, según el documento, negaron ingresos por 62 billones de pesos.

La respuesta además se refirió al costo del endeudamiento. Señaló que la deuda externa quedó con un cupón promedio de 4,5% y que la deuda interna llegó a un cupón promedio de 9,4% en 2025.

Vinculó la presión sobre el crédito interno a la tasa de referencia del Banco de la República, que subió a 12% en los primeros meses de 2026. De la Espriella aseguró, por su parte, que entre enero y agosto de 2026 se utilizó el 97% del endeudamiento anual permitido.

Costo fiscal del terremoto y del fenómeno de El Niño

La respuesta difundida por Petro incluyó el impacto de las emergencias. Allí planteó que las necesidades de recursos por el terremoto y el fenómeno de El Niño pueden representar dos puntos del PIB, es decir $40 billones, unos USD11.500 millones. El texto indicó que el gobierno dispone de cupos iniciales de crédito para emergencias con el Banco Mundial por USD300 millones y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por otros USD300 millones. También mencionó cupos adicionales en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otras entidades multilaterales.

Aun así, el documento sostuvo que la magnitud del terremoto y de la crisis asociada al fenómeno del Niño exige una estrategia de financiación estructural. En esa ruta, planteó considerar opciones de endeudamiento y reforma tributaria para cubrir el costo del desastre.

La misma respuesta añadió que las ayudas y donaciones nacionales e internacionales representan entre 2% y 3% del costo de la reconstrucción. Planteó que la recuperación y la reconstrucción requieren un acuerdo político y fiscal de mayor alcance.

Presión sobre Colpensiones y programas sociales

En el apartado sobre Colpensiones, el documento señaló que el bloqueo al ingreso de los ahorros de 150.000 trasladados desde los fondos privados de pensiones (AFP) afectó la liquidez de la entidad. Allí indicó que 31.000 de esas personas ya se pensionaron en Colpensiones.

La respuesta sostuvo que cerca de $8 billones de los ahorros de esos pensionados y trasladados no habían sido entregados por los fondos privados. Según el texto, la situación obliga a Colpensiones a destinar $1,5 billones al año para atender a esos 31.000 pensionados.

Añadió que el Gobierno debe cubrir esas necesidades con presupuesto, lo que desfinancia el programa de Adulto Mayor. De la Espriella sostuvo en la misma controversia que Colombia Mayor agotó su presupuesto antes de finalizar el año.

Defensa sobre el FNA y la modernización de la Dian

Sobre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la respuesta indicó que su solvencia está en 60%, frente a una exigencia regulatoria de 20% de la Superintendencia Financiera. También afirmó que la entidad cuenta con un patrimonio de $3,3 billones y negó el descalce mencionado en el documento denominado “Libro de la verdad”.

En el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), recordó que el crédito del BID para el programa de modernización por USD250 millones se suscribió el 24 de diciembre de 2020. Añadió que:

• Se comprometieron USD164,9 millones.
• Se pagaron USD80,8 millones.
• Quedaron por comprometer USD85,1 millones.

La respuesta listó avances en el Centro de Operación Segura (SOC), el Centro de Monitoreo y Control Aduanero (Cemca), Cemca-Servidores y Cemca-Equipos. También indicó que el crédito se prorrogó en diciembre de 2024 por tres años, hasta 2028, debido a un replanteamiento de la estrategia tecnológica con no objeción del BID.

De la Espriella también cuestionó irregularidades en contratos tecnológicos de la Dian. Frente a esa disputa, la respuesta difundida por Petro sostuvo que la atención de las emergencias y la reconstrucción exigen una salida fiscal y política más amplia.