Daniel Briceño afirmó que sectores ambientalistas de izquierda le mienten al país con el tema de Santurbán: “Hicieron una resolución a las carreras”

El debate sobre la protección del páramo de Santurbán escaló en el Congreso tras la intervención de Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y actual representante del Centro Democrático en el Senado, quien acusó a sectores ambientalistas de izquierda de promover lo que definió como “falso ambientalismo” en relación con la reciente derogatoria del actual Ministerio de Ambiente a una resolución que prohíbe la minería en la quebrada La Baja .

Según Briceño, “le mienten al país con el tema de Santurbán los falsos ambientalistas”, una frase que resume el núcleo de su denuncia.

Durante su participación en una reciente plenaria del Senado, el político cuestionó el proceso que condujo a la aprobación de la resolución sobre Santurbán, sosteniendo que “hicieron una resolución a las carreras, un día antes de abandonar el poder, para venderle al país el cuento de que protegían el páramo”.

Briceño afirmó que esta medida, impulsada en los últimos días de la administración anterior, no solo carecía de rigor técnico sino que también ignoraba procesos judiciales y recusaciones pendientes. En su opinión, la supuesta protección fue un acto administrativo “mal hecho” que no respondió a las verdaderas necesidades ambientales de la región.

El exconcejal insistió en que la resolución del 6 de agosto que delimitaba el páramo fue aprobada sin solucionar tutelas existentes ni atender recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez.

“Habían recusaciones contra la señora Irene Vélez que no se resolvieron, había unas tutelas de por medio que no se hicieron, que no se respondieron”, detalló Briceño, subrayando la falta de procedimientos exhaustivos.

Briceño responsabilizó a la administración del expresidente Gustavo Petro por lo que considera un abandono sistemático del páramo y aseguró que, mientras se publicitaba la protección del ecosistema, se toleraba la expansión de la minería ilegal.

“El páramo se protegía cuando los gestores de paz del señor Petro instalaban bocaminas y minería ilegal dentro del páramo, y yo no vi las protestas”, aseguró el representante, quien además señaló que la minería ilícita avanzó sin que los autodenominados ambientalistas alzaran la voz.

De acuerdo con el congresista, la minería ilegal se expandió en más de 94.000 hectáreas durante el mandato anterior, un fenómeno que, según él, pasó inadvertido para quienes ahora protestan por la derogatoria de la resolución.

“Esos mismos mineros ilegales alimentaban los gestores de paz nombrados por el señor Gustavo Petro”, enfatizó Briceño, quien asoció la permisividad estatal con la consolidación de actividades extractivas no autorizadas.

En su intervención, Briceño señaló el papel del actual ministro Fabio Arjona y destacó la necesidad de establecer mecanismos de protección ambiental “bien hechos”, basados en criterios técnicos y no en decisiones administrativas tomadas “a la ligera”.

“El ministro Fabio Arjona lo tiene claro: hay que hacer las cosas bien hechas, con una protección técnica y seria”, aseguró el senador, marcando distancia respecto a las políticas previas.

El representante del Centro Democrático también aludió a publicaciones de La Vanguardia de Santander, medio que, según sus palabras, demostró la existencia de más de 200 bocaminas dentro del área protegida sin que las autoridades tomaran medidas efectivas.

“Tal y como lo demostró el periódico La Vanguardia de Santander, se establecieron dentro del páramo y nunca dijeron nada”, mencionó como sustento de sus afirmaciones.

Briceño recalcó que la verdadera protección del páramo no se logra únicamente con resoluciones administrativas, y puso en duda la efectividad de la medida derogada.

“Un acto administrativo no cambia la realidad”, expresó, al tiempo que reiteró que durante los últimos cuatro años, lo único que avanzó fue la minería ilegal y no las acciones efectivas para cuidar el ecosistema.

El senador cerró su discurso con una advertencia sobre el rumbo de la política ambiental y la necesidad de evitar lo que denominó discursos “antiempresa” disfrazados de ambientalismo. A su juicio, el debate en torno a Santurbán debe centrarse en soluciones técnicas y legales que garanticen una protección real y sostenible del patrimonio natural.