
La Contraloría General de la República confirmó mediante un oficio que abrirá vigilancia fiscal sobre tres contratos ligados a la transmisión de mando del presidente Abelardo de la Espriella y la salida de su antecesor, Gustavo Petro, del orden de los $16.627 millones, tras una solicitud del senador Luis Carlos Rúa, más conocido como ‘Elefante Blanco’. El ente de control encontró méritos para revisar si los montos se ajustan a las necesidades de la ceremonia.
La Contraloría, tras la solicitud de Rúa, resolvió adelantar un control posterior y selectivo sobre los contratos relacionados con la transición presidencial, incluida la posesión De la Espriella como el nuevo mandatario, pero, además, la despedida de Gustavo Petro del cargo en mención. En ese sentido, la actuación quedó a cargo de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que ya le puso la lupa a los documentos.
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En su determinación, oficializada por Freddy Antonio Blanco, contralor delegado de esta dependencia, se confirmó que la entidad encontró evidencia de que el tema relacionado con los referidos contratos “cuenta con los elementos necesarios para que este órgano de control adelante una actuación de vigilancia fiscal sobre los recursos destinados para este propósito”. De esta manera, se le dio respuesta al a solicitud del congresista risaraldense.
“La Contraloría confirmó lo que denunciamos: hay elementos suficientes para vigilar estos recursos”, expresó Rúa, que se mostró satisfecho de que, a través de una auditoría de cumplimiento, se obligue a revisar la totalidad de los contratos dispuestos para este proceso, sus adiciones y su ejecución real. Con ello, el parlamentario, que hace su debut en el órgano legislativo, destacó los alcances de la acción interpuesta ante el ente de control.
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¿Qué revisará la Contraloría en los contratos para la posesión de Abelardo de la Espriella?
Si bien accedió a la petición de Rúa de ponerle la lupa al proceso contractual, la revisión por parte del órgano de control fiscal no será un control preventivo en tiempo real, que fue lo que pidió inicialmente el senador en su solicitud del 28 de julio de 2026. La Contraloría concluyó que, por los plazos de ejecución contractual y por la cantidad de aspectos por revisar, resultaba más procedente una auditoría posterior al acto efectuado.
En términos simples, el organismo de control buscará establecer si hubo sobrecostos, duplicidades, pagos sin soporte, servicios no prestados, doble financiación o cobro duplicado de comisiones. También revisará la fase previa a la firma y la ejecución de los contratos que permitieron cubrir los gastos de la posesión De la Espriella; mientras el peticionario recalcó que su funció no es determinar culpables, sino activar a los organismos de control.
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Los tres contratos bajo la lupa de la Contraloría
El primer contrato señalado es el 487-2025 de Inravisión, suscrito el 1 de diciembre de 2025 por $4.166 millones para la transmisión de la ceremonia de posesión presidencial y otros eventos hasta el 30 de noviembre de 2026; más allá del fin del mandato de Gustavo Petro. Después recibió una adición de $2.562 millones, con lo que su valor subió a $6.729 millones; pese a que el sistema de medios públicos finalmente no produjo la señal.
El segundo documento que estará bajo revisión de la Contraloría es el contrato 880 de Ministerio de Relaciones Exteriores, por cerca de $6.381 millones. Ese acuerdo cubre una bolsa de entre 200 y 300 eventos institucionales hasta el 31 de diciembre de 2026 y no era exclusivo para la posesión presidencial, según se precisó en el documento de respuesta enviado a Rúa, al cual tuvo acceso Infobae Colombia en su totalidad.
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Y el tercero es el contrato 554 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), radicado en julio de 2026 por $3.500 millones. Ese contrato cubre cinco eventos vinculados al cambio de mando e incluyó la despedida del expresidente Petro. Según el senador, es importante aclarar que los tres contratos fueron autorizados, firmados y ejecutados por el Gobierno saliente, establecidos entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

La auditoría también abarcará contratos para actividades antes, durante y después del acto del 7 de agosto de 2026, e incluirá contratos cuyo objeto directo no fuera la posesión, si financiaron gastos relacionados con ese evento. Para tal fin, la Contraloría ya pidió los expedientes contractuales al Dapre, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de esa cartera, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda.
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Del mismo modo, el ente de control también instó a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes para requerir la documentación requerida; teniendo en cuenta que Rúa impulsó una comisión accidental en el Senado de la República para vigilar políticamente los recursos de la posesión presidencial celebrada en Cali. Con ello, se pretende establecer el costo total del evento, las entidades ejecutoras, los rubros y las fuentes de financiación.
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