Estos son los notarios ‘amigos’ que fueron nombrados por decreto antes de la salida de Gustavo Petro

Los nueve nombramientos notariales realizados por el gobierno de Gustavo Petro en las horas finales de su mandato sigue generando una ola de cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales.

En menos de 48 horas antes del cambio de administración, la Presidencia y el Ministerio de Justicia, liderado entonces por Cielo Rusinque, firmaron los decretos que ubicaron a funcionarios cercanos al petrismo en notarías estratégicas de ciudades como Bogotá, Palmira, Cartagena, Rionegro y Bucaramanga.

La designación de Efvanni Paola Palmariny en la notaría 78 de Bogotá atrajo especial atención debido a su pasado como funcionaria de Colpensiones y a la relación profesional con Jaime Dussán, exdirector de la entidad.

Palmariny, en declaraciones a El Tiempo, defendió la legalidad de su nombramiento y negó cualquier vínculo con Dussán. “Postulé mi hoja de vida, estudiaron los requisitos y pasé. Así se nombraron más de 30 notarios, es completamente normal”, señaló la ahora notaria.

Entre los decretos expedidos y conocidos por el diario nacional, uno estableció a Íngrid Paola Ortiz como responsable de la notaría 74 de Bogotá. Ortiz es esposa de Camilo Andrés Pardo, funcionario vinculado a Guillermo Alfonso Jaramillo y quien ocupó por solo un día el cargo de secretario en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante el gobierno de Abelardo De La Espriella. La renuncia de Pardo se conoció tras la publicación de sus nexos con la administración anterior y la notaría asignada a su esposa.

Otro nombramiento destacado fue el del exsenador Inti Raúl Asprilla, cercano al petrismo y miembro del partido Alianza Verde, quien asumió la notaría segunda de Soacha, Cundinamarca. El cargo quedó vacante luego del retiro forzoso de Ricardo Correa por límite de edad.

En la zona de San Victorino, Bogotá, el gobierno Petro creó la notaría 82, asignada a Jacobo Torres Amaya. La congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, fue señalada de impulsar la creación del despacho, aunque ella negó cualquier intervención y alegó que comerciantes de la zona lo solicitaron desde 2020.

En Bucaramanga, la notaría 9 quedó en manos de Tatiana Arévalo Uribe, abogada y esposa de Nicolás Corso Salamanca, quien fue presidente del Central de Inversiones (Cisa) y director de Metrovivienda durante la alcaldía de Gustavo Petro. En Palmira, Oriana Melo Gaviria fue designada en la notaría 2, tras haber sido nombrada previamente como rectora de la Universidad del Pacífico según una resolución firmada por el exministro de Educación Daniel Rojas.

En Boyacá, el gobernador Carlos Amaya posesionó a Hilton Alexander Gutiérrez Alvarado como Notario Único del Círculo de Nobsa, quien también mantiene un contrato con el ministerio de Minas y Energía para apoyar proyectos de cambio climático en hidrocarburos, con un monto de 103 millones de pesos y vigencia hasta diciembre de 2026, según información conocida por El Tiempo.

Respuestas institucionales y polémica por el proceso

Desde la Superintendencia de Notariado y Registro se sostuvo que las designaciones respondieron a necesidades del servicio, negando la existencia de un listado de elegibles, situación atribuida a problemas en el concurso notarial y a las denuncias de corrupción en el proceso.

A pesar de las críticas y las sospechas de favoritismo político, tanto los funcionarios nombrados como las autoridades involucradas defendieron la legitimidad de los procedimientos. Palmariny anunció que, ante las acusaciones, evalúa junto a sus abogados la posibilidad de tomar acciones legales para defender su nombre.

Desde la Superintendencia de Notariado y Registro sostuvieron que todos los nombramientos respondieron a necesidades del servicio. La entidad añadió que no existe una lista de elegibles para cubrir esos cargos. Según explicó, esa situación deriva de los problemas del concurso notarial, sobre el que el texto menciona señalamientos de corrupción.

El episodio deja en evidencia la tensión recurrente en Colombia por la asignación de cargos públicos en momentos de transición gubernamental y el debate sobre la transparencia en los concursos de méritos.