
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, difundió en sus redes un extenso mensaje en el que lanzó diez alertas sobre “El Libro de la Verdad’”, un documento de 135 páginas promovido por Abelardo de la Espriella que reúne denuncias sobre presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
La recopilación, en manos del procurador Gregorio Eljach, la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, maneja una tesis central: no se trataría de fallas aisladas, sino de un deterioro sistémico del Estado colombiano.
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Entre los datos que Uribe Vélez consideró más graves aparece la situación fiscal. Citó que el Ministerio de Hacienda habría reportado una caja en pesos de $16 billones al 31 de mayo de 2026, por debajo de niveles históricos de $30 a $40 billones, y con una proyección de apenas $7,1 billones al cierre del año.
Según el líder del Centro Democrático, el documento analizó 126 casos, priorizó 59 y los agrupó en nueve patrones críticos: pérdida del rigor técnico, colapso tecnológico, opacidad de la información, parálisis operativa, concentración contractual, riesgo litigioso, pérdida de control territorial, fragmentación institucional y restricción fiscal. En su mensaje, sostuvo que esos problemas se retroalimentan y que por eso no deberían examinarse como fallas independientes.
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El libro ubica la caja, la deuda y la ejecución entre los riesgos más altos

Álvaro Uribe Vélez afirmó en su cuenta de X que el déficit del Gobierno nacional Central llegó al 6,4% del producto interno bruto en 2025. Añadió que el informe también advierte sobre emisiones de Títulos de Tesorería (TES) con tasas de entre 13% y 15%, vencimientos concentrados en 2026, 2029 y 2030, y encargos fiduciarios por $113 billones que, según el documento, podrían sobreestimar la ejecución frente a la caja disponible.
Esa es, de acuerdo con su lectura, una de las tres luces rojas principales. Las otras dos son salud y protección social, por su efecto directo sobre millones de personas, y la pérdida de capacidad operativa del Estado, porque incluso con presupuesto disponible no habría garantía de resultados.
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En salud, el exmandatario dijo que el libro reporta compromisos presupuestales elevados sin suficiente planeación ni ejecución. Señaló que a finales de 2025 se asignaron más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra.
A junio de 2026, agregó, solo 28 de esos proyectos habían completado la documentación. El resto mantenía más de $1,3 billones comprometidos sin garantía de ejecución ni sostenibilidad.
Uribe Vélez también incluyó los Equipos Básicos en Salud entre sus preocupaciones. Dijo que recibieron más de $6,8 billones, pero registraban apenas un 29 % de ejecución a junio de 2026.
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Colombia Mayor, la Dian y educación aparecen entre los frentes más sensibles

Otro de los puntos que destacó Álvaro Uribe Vélez fue Colombia Mayor. Según su exposición, los recursos previstos para todo 2026 se agotaron en julio y quedaban cinco ciclos de pago, entre agosto y diciembre, para cerca de 3 millones de adultos mayores, con un costo mensual cercano a $630.000.000.000 y sin respaldo presupuestal.
Sobre tecnología estatal, señaló como caso principal a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Expuso que el informe cuestiona dos contratos tecnológicos por más de $310.000.000.000, con entregas proyectadas hasta 2028, y que un plan de modernización que ya había ejecutado $333.853.000.000 y reportaba un 95% de avance no logró modernizar los sistemas misionales.
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La consecuencia, según el expresidente, alcanzaría funciones centrales del Estado: recaudo tributario, aduanas, devoluciones y lucha contra la evasión. Ese punto fue presentado por Uribe como una muestra de inversiones altas sin la modernización esperada.
En seguridad nacional, mencionó el proyecto del Escudo Nacional Antidrones. Indicó que el documento habla de una iniciativa superior a $6,3 billones y reúne cuestionamientos sobre estructuración, transparencia, reducción de oferentes, evaluación y pruebas técnicas.
También afirmó que la Contraloría General de la República encontró equipos adquiridos previamente con detecciones de entre 300 y 430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km. A eso sumó un contexto de aproximadamente 9.000 intentos de ataques con drones en 2025 y 382 ataques entre abril de 2024 y noviembre de 2025.
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En educación, Uribe Vélez aseguró que el órgano de control habría estructurado 61 hallazgos, de los cuales 23 tenían incidencia fiscal por $548.120.000.000. Añadió que, de 9.305 solicitudes de pensión revisadas en 2025, solo 2.034 fueron reconocidas y pagadas oportunamente, mientras 7.271 se atendieron fuera de término.
El exjefe de Estado también citó contratos de transacción cercanos a $1,2 billones sin aprobación del Consejo Directivo. Cerró su lectura del libro con una afirmación general: el mensaje de fondo no sería solo la existencia de posibles irregularidades, sino la idea de que el nuevo gobierno asegura haber recibido un Estado con problemas simultáneos de caja, deuda, ejecución, capacidad técnica, contratación, tecnología, información y coordinación.
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