Director de la Policía rechazó el secuestro de tres uniformados en Norte de Santander: “La libertad de quienes protegen al país no se negocia”

El director de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, expresó un rechazo categórico al secuestro de tres uniformados en Norte de Santander, ocurrido el lunes 17 de agosto de 2026, y transmitió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

“La Policía Nacional rechaza el secuestro de nuestros policías, soldados y toda acción que atente contra su libertad e integridad. Hoy tenemos seis de nuestros uniformados retenidos ilegalmente en el país, tres en el departamento de Norte de Santander, dos en el departamento del Cauca y uno en el departamento de Nariño”, afirmó el alto oficial en un pronunciamiento público difundido el martes 18.

Barrera Peña se dirigió en forma directa a los familiares de los policías secuestrados, mencionando a Mary Luz Russi González, madre del mayor Fredy Alexis Russi González, a Jessica Paola Urrego, esposa del patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, y a Gloria Hurtado y Carlos Iván Monroy, padres de la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado.

El director de la Policía expresó: “Secuestrados ayer en el departamento de Norte de Santander cuando adelantaban labores propias de su servicio para garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de este sector del país. Nuestra prioridad es encontrarlos y llevar ante la justicia a los autores de este despreciable acto criminal”.

La institución desplegó todas sus capacidades de inteligencia y unidades operativas para localizar a los uniformados y asegurar su regreso.

Interceptación y detalles del secuestro

El secuestro se produjo cerca de las 12:30 del mediodía en el sector conocido como La Curva, jurisdicción de Bucarasica, en la vía que conecta Cúcuta con Ocaña. El oficial y los patrulleros —integrantes del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)— se desplazaban en un automóvil Chevrolet Spark rojo, vestidos de civil, cuando fueron interceptados por dos camionetas con hombres armados con fusiles.

Testigos indicaron que los captores realizaron un disparo de advertencia para obligar a los policías a detenerse. Los uniformados fueron sometidos y trasladados por la fuerza hacia el interior del corregimiento La Curva, abandonando el automóvil en la vía.

Un video captó el momento exacto de la interceptación, constituyendo una prueba clave para la investigación. El vehículo presentaba el vidrio trasero roto, impactos de bala y grafitis pintados con aerosol azul, con la inscripción “Farc-EP”.

Las autoridades identificaron que en la zona operan el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el frente 33 de las disidencias. Sin embargo, los organismos de inteligencia concluyeron que una estructura del ELN estaría detrás del secuestro, mientras que los grafitis habrían sido utilizados como maniobra de distracción.

Reacciones y acciones estatales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el secuestro a través de la red social X: “He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional relacionó el crimen con la reciente ofensiva de la fuerza pública contra grupos armados en la región del Catatumbo. La noche del 10 de agosto se realizó un bombardeo contra posiciones del ELN que resultó en la muerte de dos presuntos insurgentes. Autoridades consideran que el secuestro sería una retaliación ante estos operativos.

Investigación y búsqueda

Desde el momento de la desaparición, la Policía Nacional activó un plan de búsqueda con unidades especializadas en inteligencia y reconstrucción de la ruta de escape de los secuestradores.

Se analizan las evidencias halladas en el lugar, incluidos los impactos de bala y los grafitis, para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del secuestro. La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $20 millones para quien aporte información que conduzca a la ubicación de los uniformados.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía puede contribuir con información relevante a través de los canales oficiales. El director de la Policía reiteró: “Colombia no abandona a sus policías y soldados. La libertad de quienes protegen al país no se negocia, se defiende y se recupera”.

Mientras continúan los operativos y la investigación, la institución mantiene el acompañamiento psicosocial a las familias de los secuestrados y concentra sus esfuerzos en garantizar su regreso a salvo.