
El Centro de Pensamiento Económico Anif expuso una propuesta para financiar la reconstrucción de las zonas del país que se vieron afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. La organización presentó un paquete de medidas orientado a movilizar recursos públicos y privados para esos fines sin crear impuestos permanentes ni deteriorar la sostenibilidad fiscal del país –que ya enfrenta un déficit fiscal–.
El documento de Anif plantea la iniciativa con base en un escenario de daños extendidos en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, donde se reportaron afectaciones en viviendas, edificaciones, hospitales, vías y aeropuertos, además de personas fallecidas y desaparecidas. El costo económico para la reconstrucción de los edificios llegaría a los $24,5 billones, mientras que el monto que se debería destinar a la reparación de infraestructura sería de $5,5 billones, aproximadamente.
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La propuesta de la entidad parte de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, y busca que se pueda atender con agilidad la emergencia.

Reasignación de presupuesto y regalías para cubrir la emergencia
Uno de los frentes centrales que propuso el Centro de Pensamiento Económico consiste en revisar recursos de inversión no ejecutados del Presupuesto General de la Nación de 2026 (Gobierno del exmandatario Gustavo Petro). Anif calcula que el monto máximo que podría revisarce asciende a $20,1 billones, sin incluir a los sectores que necesitan recursos debido a la tragedia.
Entonces, la organización propuso concentrar esa revisión en sectores que tengan una ejecución presupuestal de inversión inferior al 20%. También planteó que, cuando se discuta y se vote la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 en el Congreso de la República, se dé prioridad a las entidades responsables de gestión del riesgo, atención, búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
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Otro bloque apunta al Sistema General de Regalías. La propuesta consiste en liberar $3,7 billones en proyectos que no cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal. A ese monto se sumarían $10,1 billones del recaudo del sistema que aún no han sido asignados a proyectos de inversión.
Créditos garantizados y mecanismos tributarios para acelerar la liquidez

La propuesta para el sector productivo se concentra en habilitar líneas de crédito con garantía para microempresarios a través del Fondo Nacional de Garantías. Se prevé que haya coberturas de entre 60% y 90% del valor del crédito.
Según las estimaciones presentadas por el centro de pensamiento, si entre el 30% y el 80% de las microempresas de la zona de emergencia solicitaran esos préstamos, el Gobierno tendría que capitalizar al fondo entre $90.000 millones y $240.000 millones.
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El paquete también propone extender temporalmente Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios afectados. El objetivo es permitir que empresas financien proyectos de reconstrucción en ciudades que hoy no califican para esos mecanismos, entre ellas Pereira, Manizales y Cali.
Anticipo voluntario de renta

La respuesta directa que plantea Anif para obtener recursos inmediatos que permitan atender la situación es la creación de un Anticipo Solidario para la Reconstrucción. A través de este, los contribuyentes del impuesto de renta podrían hacer un pago voluntario adicional de hasta 10% del impuesto liquidado en su declaración, descontable en su totalidad en la declaración del año siguiente.
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En ese sentido, la organización aclaró que no se trataría de un nuevo impuesto. Sería un anticipo voluntario para entregar liquidez inmediata al Gobierno.
“En conjunto, estas medidas buscan movilizar de manera ágil recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a cargas tributarias permanentes, en línea con las lecciones que dejó la experiencia del Eje Cafetero en 1999″, concluyó.
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