Daniel Briceño deberá comparecer ante la Corte Suprema por denuncia del exministro Eduardo Montealegre: “Seguimos firmes”

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño deberá comparecer la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia, luego de ser citado a una audiencia de conciliación que se origina, según ha señalado el congresista, en actuaciones promovidas por el exfiscal Eduardo Montealegre, en medio de la controversia por varios contratos de Rtvc que Briceño ha cuestionado públicamente durante los últimos meses.

La diligencia quedó programada para el 25 de agosto de 2026, a las 8:30 de la mañana, en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, en Bogotá. Al encuentro también fueron citados Montealegre y su esposa Tania Marcela Hernández Guzmán, en una actuación relacionada con los señalamientos que el congresista ha realizado sobre el uso de recursos públicos del sistema de medios estatales.

Briceño confirmó la citación a través de su cuenta de X y aseguró que esta será su “primera citación” ante el alto tribunal por este caso. El representante manifestó que asistirá acompañado de su abogado, Juan José Castro, y sostuvo que continuará defendiendo las denuncias que ha realizado sobre la contratación de Rtvc.

“Seguimos firmes, no es la primera y tampoco será la última. Decir lo que no le gusta a muchos sectores tiene sus riesgos, pero siempre lo vamos a enfrentar”, escribió el congresista.

Una audiencia presencial en la Corte Suprema

El oficio judicial, fechado el 13 de agosto de 2026 y firmado por la secretaria de la Sala Especial de Instrucción, Adriana Hernández Aguilar, señala que, por orden del magistrado César Augusto Reyes Medina, se avocó conocimiento de las diligencias seguidas contra Briceño y se ordenó convocar a una audiencia de conciliación entre las partes.

La Corte además dejó constancia de las consecuencias que podrían derivarse de una eventual inasistencia. El oficio advierte que la ausencia injustificada de la parte querellante podrá entenderse como desistimiento, mientras que la inasistencia de la parte querellada podría dar lugar al ejercicio de la acción penal, si corresponde conforme al trámite.

El origen de la controversia con Rtvc

El caso está relacionado con los cuestionamientos de Briceño a la contratación de la sociedad Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. por parte de Rtvc. Según los documentos divulgados por el congresista, la firma aparece entre los principales contratistas jurídicos de la entidad, con contratos que sumarían cerca de $820 millones por servicios de asesoría, acompañamiento y representación judicial y extrajudicial.

Briceño ha sostenido que esos recursos públicos habrían sido utilizados para promover actuaciones contra opositores y críticos de la administración de Hollman Morris al frente del sistema de medios públicos.

El representante ha relacionado la contratación con las actuaciones judiciales derivadas de sus propias denuncias. “Esta es la denuncia que con plata de Rtvc le pagó Hollman Morris a la empresa familiar de Eduardo Montealegre pidiendo me investigaran por decir que Rtvc era un medio de propaganda en donde se presionaban contratistas”, afirmó.

La controversia también involucra a Tania Marcela Hernández, quien, según los documentos citados por Briceño, asumió la titularidad de las acciones de la sociedad después de que Montealegre dejara de figurar como socio y representante de la compañía.

Más de $1.700 millones en contratos estatales

Según información publicada por El Tiempo, Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. fue constituida en 2011 y comenzó a registrar contratos con entidades estatales desde 2023. Desde entonces, la empresa habría acumulado negocios con organismos públicos por más de $1.700 millones.

Entre las entidades mencionadas figuran Rtvc, Positiva e Icfes, con contratos relacionados principalmente con asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial.

En el caso de Rtvc, la firma habría mantenido un contrato con pagos mensuales cercanos a los $40 millones, mientras que la proyección contractual contemplaría cerca de $500 millones adicionales. Estos valores fueron utilizados por Briceño para cuestionar el destino de los recursos públicos y la naturaleza de las actuaciones jurídicas contratadas por la entidad.