Congresistas del Centro Democrático pidieron exención del impuesto predial para inmuebles afectados por terremoto

Seis representantes a la Cámara del Centro Democrático le solicitaron al presidente Abelardo de la Espriella establecer un régimen especial para aliviar el pago del impuesto predial de los inmuebles afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La propuesta contempla exenciones de hasta el 100% para viviendas y edificios destruidos, inhabitables o que requieran demolición o reconstrucción integral. La iniciativa fue presentada en una carta enviada al mandatario, en la que los congresistas plantean que los concejos municipales y distritales de las zonas afectadas puedan establecer reducciones del impuesto de acuerdo con el nivel de daño que haya sufrido cada inmueble.

La carta fue firmada por Gregorio Orjuela Pérez, Mateo Hidalgo Montoya, Oscar Darío Pérez Pineda, Jesús Armando Bedoya Rodríguez, Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo y Durguez Espinosa Martínez, quienes señalaron que sus propuestas complementan las medidas adoptadas por el Gobierno, incluida la declaratoria de desastre nacional y el Fondo Milagro anunciado para canalizar recursos destinados a la reconstrucción.

El esquema propuesto contempla cuatro niveles de alivio. Los propietarios de inmuebles destruidos, declarados inhabitables o que necesiten demolición o reconstrucción integral podrían quedar exentos del 100% del impuesto predial.

Para propiedades con daños estructurales graves, que comprometan de manera significativa su seguridad, habitabilidad o uso económico, se plantea una reducción del 75%. Los inmuebles con daños relevantes que restrinjan parcialmente su utilización podrían acceder a un descuento del 50%, mientras que aquellos con daños moderados directamente atribuibles al terremoto tendrían una reducción del 25%.

La clasificación del daño no dependería únicamente de la declaración del propietario. Los congresistas proponen que se sustente en censos, inspecciones, evaluaciones de daños o conceptos técnicos emitidos o reconocidos por las autoridades competentes.

La medida tendría carácter excepcional y transitorio y únicamente aplicaría a los inmuebles cuya afectación tenga una relación directa y verificable con el terremoto.

Según la propuesta, los concejos municipales y distritales podrían adoptar estos alivios dentro del marco de la autorización que establezca el Gobierno mediante decreto legislativo.

El beneficio podría extenderse hasta el final de la siguiente vigencia fiscal y, si el Congreso otorga carácter permanente a la autorización, podría prolongarse hasta por tres vigencias fiscales, dependiendo de la persistencia de la afectación y de la capacidad fiscal de cada territorio.

Proponen acelerar recursos para la reconstrucción

Además del alivio predial, los seis representantes plantearon crear un régimen transitorio y especial de Obras por Impuestos para financiar proyectos directamente relacionados con la reconstrucción, rehabilitación, recuperación, reducción del riesgo y reactivación económica y social de las zonas afectadas.

La propuesta busca ampliar temporalmente la cobertura territorial del mecanismo y acelerar la estructuración y ejecución de proyectos, aprovechando los procedimientos y controles que ya existen.

Los congresistas también plantearon un mecanismo de Obras por Regalías, mediante el cual las empresas obligadas al pago de regalías por la explotación de recursos naturales no renovables podrían cumplir parte de esas obligaciones ejecutando directamente obras de infraestructura y proyectos de inversión destinados a la reconstrucción.

Los proyectos podrían desarrollarse en los Territorios de Reconstrucción Prioritaria y los recursos invertidos, certificados y reconocidos serían imputados al pago de las regalías de las empresas.

El reconocimiento estaría a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, dependiendo del sector correspondiente.

Para acelerar la ejecución, la iniciativa plantea una ruta prioritaria y abreviada para la presentación, estructuración, evaluación, viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos.

También propone reducir términos y simplificar requisitos, pero manteniendo los controles técnicos, fiscales, ambientales, de interventoría y transparencia.

Los recursos podrían destinarse a vivienda, salud, educación, agua potable y saneamiento básico, vías y puentes, transporte, energía, servicios públicos, telecomunicaciones, infraestructura productiva y proyectos de gestión y reducción del riesgo.

Finalmente, los representantes propusieron establecer un régimen excepcional para priorizar recursos del Sistema General de Regalías en la reconstrucción, rehabilitación y reposición de bienes públicos destruidos o gravemente afectados por el terremoto.