Los 103 capos negociadores de Petro fueron trasladados de la cárcel de Itagüí por orden de Abelardo de la Espriella: estos son los penales a los que irán

Aunque el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el 8 de agosto el traslado de 103 presos desde la cárcel La Paz de Itagüí, apenas ahora se conoce cuál fue el destino final de los entonces negociadores con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De hecho, según información conocida por la revista Cambio, la orden del mandatario incluyó la instrucción de dispersarlos en ocho establecimientos penitenciarios con áreas de alta seguridad del país.

La decisión no solo dispersó a figuras clave como alias Douglas, “Tom”, “Carlos Pesebre” y “El Indio” en prisiones de alta seguridad, sino que buscó desarticular la coordinación criminal que desde Itagüí lograba incidir en las calles, según las autoridades.

El reparto incluyó destinos como el Complejo Carcelario de Bogotá, El Pedregal en Medellín, la cárcel de Girón, La Tramacúa en Valledupar, La Dorada, Palmira, Picaleña y El Barne en Boyacá, todos con pabellones especiales para internos de alto perfil, según conoció la revista Cambio.

La cárcel de Itagüí se había transformado en un centro de poder donde convivían antiguos comandantes paramilitares, miembros de bandas del Valle de Aburrá, exintegrantes de la fuerza pública condenados por corrupción y protagonistas de los diálogos de paz total.

Los beneficios otorgados a estos internos, como lo evidenció el concierto de Nelson Velásquez el 8 de abril dentro del penal, pusieron el foco en las irregularidades y privilegios que allí se permitían.

Entre los trasladados aparecen José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico cabecilla de La Terraza, y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, uno de los jefes de La Oficina.

También figuran Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

Varios de ellos participaron públicamente, incluso en actos promovidos por el Gobierno, como voceros o integrantes de los acercamientos de paz urbana con bandas del Valle de Aburrá.

Parte de esos cabecillas recibió beneficios de la Resolución número 00027, expedida el 27 de marzo de 2026. Esa decisión suspendió órdenes de captura a personas vinculadas a la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí.

La operación también alcanzó a otros perfiles de alto nivel criminal. Entre los 103 trasladados había antiguos comandantes paramilitares, condenados por homicidio, narcotráfico y desaparición forzada, responsables de asesinatos de líderes sociales, integrantes de organizaciones criminales de otras regiones y exmiembros de la fuerza pública condenados por corrupción.

El grupo más numeroso, de 27 privados de la libertad, fue enviado al Complejo Carcelario de Bogotá (Cobog), en los pabellones 31 y 32, según información divulgada por Cambio. Allí funcionan áreas de Justicia y Paz y de reclusión especial. Otros 17 quedaron en El Pedregal, en Medellín, y 16 en Girón, Santander.

La redistribución siguió con 13 enviados a La Tramacúa, en Valledupar, y 12 a La Dorada. El reparto se completó con nueve internos en Palmira, cinco en Picaleña, en Ibagué, y cuatro en El Barne, en Boyacá.

El traslado de estos internos responde a una estrategia estatal para “romper la capacidad de coordinación” que, según las autoridades, se había mantenido durante años desde Itagüí. La dispersión en cárceles de diferentes regiones busca evitar la concentración de poder y la continuación de actividades ilícitas coordinadas desde un solo penal.

La reorganización penitenciaria no solo incluye a los voceros de la paz urbana, sino a condenados por homicidio, narcotráfico, desaparición forzada y otros delitos graves. El penal de Itagüí albergaba a un “mosaico” de perfiles criminales de alto riesgo, lo que lo convertía en uno de los principales focos de poder dentro del sistema penitenciario colombiano.

El episodio que aceleró las decisiones administrativas fue el concierto celebrado dentro del penal, el cual expuso la magnitud de los privilegios y motivó investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

Las investigaciones se centran ahora en determinar quiénes facilitaron el régimen de beneficios y bajo qué mecanismos se permitió que la cárcel operara con normas distintas a las legales.

En las últimas semanas, se conocieron declaraciones de funcionarios del Inpec ante la Procuraduría, quienes afirmaron que los privilegios como visitas extraordinarias y el ingreso de alimentos “se habían vuelto normales” para los cabecillas involucrados en los diálogos de paz. Estos testimonios forman parte de expedientes judiciales que también exploran la existencia de posibles presiones políticas para flexibilizar el régimen penitenciario.

La pregunta central que persiste es quién permitió la acumulación de estos privilegios dentro de una cárcel de máxima seguridad y qué responsabilidades deberán asumir las personas involucradas en estos hechos. El traslado de los internos representa un golpe a la concentración de poder, pero el verdadero cierre de este capítulo solo llegará cuando la justicia esclarezca la cadena de decisiones y responsabilidades que permitieron este escenario dentro de Itagüí.

Por ahora, la reubicación de los 103 internos marca un hito en la política penitenciaria, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la permisividad de los privilegios concedidos a algunos de los criminales más peligrosos del país.