
Hay consternación en el barrio 5 de Febrero en la Ciénaga, Magdalena, después de que se conociera el brutal ataque que habría propinado un hombre identificado como Marlon Parada a su pareja sentimental, Tatiana Castro Blandón, por presuntos problemas en su relación.
Según se conoció, el hombre, en un aparente ataque de ira, arrojó contra Castro una sustancia química que le generó graves lesiones en su rostro y pecho, mientras que el agresor emprendió la huida del lugar.
Sin embargo, las autoridades señalaron que Parada obligó a las dos hijas, menores de edad, de la pareja a emprender el escape con él, lo que generó de inmediato una alerta entre los vecinos y el entorno familiar.
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La noticia del ataque y la desaparición de las niñas se difundió rápidamente, provocando una reacción urgente de las autoridades locales y de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
La Policía Nacional de Colombia activó todas sus capacidades institucionales apenas se conoció el hecho. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Grupo de Infancia y Adolescencia, en coordinación con otras instituciones, iniciaron un operativo para ubicar tanto al presunto agresor como a las dos menores.

La búsqueda fue inmediata y meticulosa, ya que existía preocupación no solo por el estado de salud de Tatiana, quien fue trasladada de urgencia a un centro médico, sino por la seguridad de las niñas.
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El operativo culminó con éxito cuando, horas después, las autoridades lograron ubicar y recuperar a las dos menores. Según explicó el coronel Fabio Enrique Sierra, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, las niñas fueron encontradas tras lo que calificó como “un presunto ejercicio arbitrario de su custodia”.
“La Policía Nacional de Colombia se permite informar que en el desarrollo de las acciones desplegadas y como resultado de la activación inmediata de todas las capacidades institucionales, fueron ubicadas y recuperadas las dos menores de edad luego de un presunto ejercicio arbitrario de su custodia”, señaló el coronel.
Las menores fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que asumió el proceso de protección y restablecimiento de derechos. La Policía advirtió que la rápida reacción fue clave para garantizar la integridad de las niñas, a la vez que pidió a la ciudadanía aportar información relevante para la investigación.
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Mientras Tatiana continúa hospitalizada, el episodio ha generado una ola de indignación y preocupación entre los habitantes de Ciénaga. El impacto no solo se limita a las lesiones físicas sufridas por la joven, sino que alcanza el terreno emocional y psicológico, tanto para ella como para sus hijas.

La Universidad del Magdalena, donde Tatiana cursa la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, emitió un pronunciamiento público rechazando toda forma de violencia contra las mujeres. La institución afirmó que condena “en toda circunstancia, cualquier agresión física o psicológica contra las mujeres y cualquier otra manifestación de violencia basada en género”.
El caso también fue tratado en sesión del Concejo Municipal de Ciénaga. La concejal Roby Quinto Martínez pidió una investigación exhaustiva sobre la respuesta institucional ante el ataque y exigió que se garantice el acompañamiento psicológico y jurídico a la víctima y sus hijas.
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Durante su intervención, la cabildante calificó el hecho como una posible tentativa de feminicidio y recordó la existencia de leyes como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015, que buscan sancionar la violencia contra las mujeres y los ataques con agentes químicos.
Tras el rescate de las niñas, la atención de las autoridades se centró en la localización de Marlon Parada, señalado como principal sospechoso del ataque. Existen órdenes de captura en su contra y la Policía ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero. La línea 123 fue habilitada para recibir datos confidenciales sobre el caso.
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La Fiscalía, la Comisaría de Familia, el ICBF, la Personería Municipal y otras instancias administrativas también fueron llamadas a rendir cuentas ante el Concejo sobre su actuación desde que se conoció la agresión.
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