El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño cuestionó que el entonces gerente de Rtvc, Hollman Morris, hubiera utilizado recursos de la entidad para contratar a la firma jurídica Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada a la familia del exministro de Justicia Eduardo Montealegre, en medio de las acciones legales emprendidas contra críticos de la administración del Sistema de Medios Públicos.
El pronunciamiento de Briceño surgió después de que el periodista Santiago Ángel Rodríguez publicara en sus redes sociales el documento de una querella presentada por Morris en su contra por los delitos de injuria y calumnia indirectas agravadas.
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Ángel compartió el documento, correspondiente a una querella presentada ante la Fiscalía General de la Nación por Morris a raíz de una columna de opinión publicada el 15 de noviembre de 2025 en La República, titulada “Revuélquele toda la vida a ese malparido”.
Al conocer la publicación de Santiago Ángel Rodríguez, Briceño también divulgó un documento de una denuncia que, según explicó, recibió en su contra. El representante tomó como referencia la querella presentada contra el periodista y cuestionó el papel de la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada a la familia del exministro Eduardo Montealegre, en estas actuaciones jurídicas.
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A partir de ambos documentos, Briceño señaló que Rtvc habría destinado recursos públicos para contratar los servicios de la firma, en medio de las acciones emprendidas contra quienes cuestionaron la gestión de la entidad durante la administración de Hollman Morris.
“Esta es la denuncia que con plata de Rtvc le pagó Hollman Morris a la empresa familiar de Eduardo Montealegre pidiendo me investigaran por decir que Rtvc era un medio de propaganda en donde se presionaban contratistas”, afirmó el representante.
La querella contra Santiago Ángel
Según el documento divulgado por el periodista, Morris acudió ante la Fiscalía cuando todavía ocupaba la gerencia de Rtvc y solicitó investigar a Ángel por los delitos de injuria y calumnia indirectas agravadas.
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En la querella, Morris sostuvo que la columna publicada por el periodista establecía vínculos entre Rtvc y su dirección con supuestos hechos de persecución, acoso y actividades delictivas.
El entonces gerente cuestionó específicamente que Ángel describiera a Rtvc como un “portavoz ideológico del Gobierno” y afirmara que dentro de la entidad existía una situación sistemática de acoso laboral y mal ambiente para trabajadores y servidores públicos.
El documento también señala que el periodista utilizó testimonios de fuentes cuya identidad se mantenía en reserva para sustentar parte de sus afirmaciones.
Morris cuestionó además las referencias de la columna a una supuesta reunión celebrada en las instalaciones de Rtvc, en la que habrían participado directivos de la entidad, y pidió a la Fiscalía adelantar la investigación correspondiente.
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Es precisamente este documento el que Briceño tomó como referencia para cuestionar la contratación de la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada a la familia Montealegre.
La firma jurídica que aparece en el caso
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. fue creada en 2011 y comenzó a registrar contratos con entidades estatales desde 2023.
Desde entonces, la firma habría acumulado contratos con diferentes entidades públicas por más de $1.700 millones.
Entre sus principales contratantes aparece Rtvc, con cerca de $820 millones en contratos relacionados con servicios de asesoría jurídica, acompañamiento y representación judicial y extrajudicial.
La empresa quedó bajo escrutinio después de que Montealegre dejara de figurar como socio y representante de la sociedad al asumir como ministro de Justicia durante el Gobierno de Gustavo Petro.
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El 5 de junio, las acciones de la compañía fueron cedidas a su esposa, Tania Marcela Hernández. Pocos días después, el 12 de junio, la sociedad radicó una factura ante Rtvc.
El contrato permaneció activo, con pagos mensuales cercanos a $40 millones y una proyección de casi $500 millones adicionales, de acuerdo con los datos citados en la controversia. La firma también registra contratos con entidades como Positiva y el Icfes.
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